Bajo un ambiente de participación y reclamo colectivo se desarrolló el primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas, organizado por la Mesa de Víctimas de Barranquilla, liderada por David García. La jornada reunió delegaciones locales, nacionales e internacionales con un mensaje que se repitió a lo largo del día: solidaridad, resiliencia y unidad.

El acto dio inicio con la presentación de las delegaciones que respondieron al llamado de la Mesa de Víctimas de Barranquilla. Posteriormente, el conferencista y líder Misael Rada ofreció una intervención contundente sobre las debilidades que afrontan las normas y mecanismos que deberían proteger a las víctimas, haciendo énfasis en los vacíos administrativos y jurídicos que dificultan una reparación real.

Un conversatorio participativo y con voz plural

El conversatorio central fue altamente participativo: asistentes, representantes de organizaciones y voceros de mesas de víctimas expusieron experiencias, dudas y propuestas. El ambiente del evento se percibió como profundamente solidario; muchas de las intervenciones giraron en torno a cómo transformar el dolor en memoria activa y cómo fortalecer redes de acompañamiento comunitario.

Invitados internacionales explicaron con detalle los procesos de asilo y refugio aplicables a víctimas que requieren protección fuera del país, y en el panel técnico se despejaron dudas concretas sobre mecanismos de acceso a vivienda, trámites para ayudas y rutas institucionales disponibles. La información práctica que se compartió buscó disminuir la confusión que a menudo acompaña los procesos administrativos y judiciales.

Mensaje al gobierno: apoyo, expectativa y decepción

Una de las líneas más repetidas durante la jornada fue el señalamiento hacia el gobierno nacional: las mesas, aunque apoyaron inicialmente las expectativas sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, dejaron constancia de su inquietud por la falta de respaldo efectivo en los programas de reparación y protección integral de víctimas. El reclamo central es claro: reducir la burocracia, acelerar los procesos de reparación integral y priorizar la salud mental de las víctimas como un eje indispensable de las políticas públicas.

Memoria y paz con las víctimas en el centro de todo

Los organizadores y participantes insistieron en que cualquier proceso de paz debe tener a las víctimas como su eje y referencia. Así lo recordaron al rememorar el compromiso plasmado en actos públicos como los realizados en el Teatro Colón de Bogotá, donde se han llevado a cabo encuentros y firmas vinculadas al posconflicto y a la reclamación de verdad y justicia. Para muchos asistentes, la exigencia es que los acuerdos de paz no queden en el papel y que su implementación priorice la reparación material, simbólica y el acompañamiento psicosocial.

Solidaridad, resiliencia y unidad: más que consignas

Esos tres términos —solidaridad, resiliencia y unidad— no solo fueron consignas del encuentro, sino la descripción del tono que recorrió la sala: relatos de sobrevivientes, propuestas de acciones concretas y compromisos de trabajo conjunto entre mesas locales e internacionales. Los asistentes coincidieron en que, pese a las fallas institucionales, la red ciudadana y el tejido organizativo siguen siendo el sostén para la exigencia de derechos.

Conclusión: urgencia de respuestas y rutas claras

El primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas celebrado en Barranquilla dejó en evidencia algo elemental: existe una voz organizada que demanda respuestas claras y acciones concretas. Las peticiones son nitidas —menos trámites inútiles, más acceso efectivo a vivienda y salud mental, y la centralidad de las víctimas en cualquier agenda de paz— y fueron formuladas frente a las autoridades y la opinión pública para que no queden en el olvido.

La Mesa de Víctimas de Barranquilla, bajo la conducción de David García, se proyecta desde este encuentro como un actor dispuesto a incidir en políticas públicas y a exigir cumplimiento real de los compromisos. El reto ahora es convertir ese clamor colectivo en medidas visibles y sostenibles que reconozcan la dignidad de las víctimas y garanticen su reparación integral.

La Mesa de Participación Colectiva de Víctimas de Campo de la Cruz, Atlántico, ha dado un paso firme al respaldar públicamente la gestión del ingeniero Adith Rafael Romero Polanco, actual director de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Un hecho sin precedentes en la historia de la institución: por primera vez, una víctima dirige esta cartera y lo hace con la convicción de dignificar a quienes han cargado por décadas con el peso de la guerra.

El pronunciamiento de la Mesa de Participación de Campo de la Cruz es contundente: por primera vez las indemnizaciones están llegando a las víctimas, por primera vez se sienten escuchadas y por primera vez perciben una presencia institucional en terreno que no se queda en el discurso. Esa es la razón por la cual las comunidades del Atlántico defienden la continuidad de este modelo de gestión.

La mala prensa y el trasfondo político

Tanto El Tiempo como Semana han intentado instalar un relato que no corresponde con la realidad de los territorios. El primero, minimizando a Romero por una supuesta “falta de experiencia”, desconociendo no solo su trayectoria profesional sino el valor inmenso de que una víctima llegue por fin a dirigir la entidad que históricamente ha sido manejada desde la lejanía y la burocracia. Y el segundo, recurriendo al amarillismo con titulares que hablan de “escándalos” y “malos manejos” que, en realidad, parecen más un favor político a quienes perdieron el control de la Unidad y hoy se incomodan porque las víctimas dejaron de ser estadísticas y se convirtieron en protagonistas.

La pregunta que surge es sencilla: ¿a quién le sirve esa narrativa? Porque la evidencia en los territorios muestra lo contrario. El supuesto “escándalo” denunciado por Semana más parece un favor político a quienes históricamente han administrado la Unidad de Víctimas con una lógica clientelista y burocrática, y que ahora se ven desplazados por una gestión que prioriza a las víctimas sobre los intereses de poder.

El hecho de que por primera vez las indemnizaciones estén llegando de manera ágil a las comunidades debería ser titular. El hecho de que se estén abriendo espacios de diálogo directo y transparente con las Mesas de Participación debería ser el centro del debate. Sin embargo, la “mala prensa” busca deslegitimar avances reales, sembrando dudas que favorecen a los mismos sectores que han querido mantener a las víctimas como estadísticas y no como sujetos de derechos.

Un llamado al debate público

El respaldo de la Mesa de Participación de Campo de la Cruz no es un asunto local, es un llamado al país a repensar cómo se construyen las narrativas alrededor de las víctimas. Defender la dignidad, fortalecer la participación y garantizar una atención integral no deberían ser banderas partidistas, sino políticas de Estado.

Hoy las víctimas rurales, los pescadores artesanales y las comunidades del sur del Atlántico levantan la voz no solo para agradecer un cambio, sino para advertir que no permitirán que su esperanza vuelva a ser utilizada como moneda política.

La crítica debe ser clara: los medios tienen la obligación ética de informar con datos reales y no de servir como caja de resonancia de intereses que pretenden frenar los avances en la reparación integral.

El Caribe colombiano, con sus heridas abiertas pero con resiliencia intacta, reclama respeto y verdad. La defensa de la gestión de Adith Romero por parte de las víctimas no es un capricho: es la prueba de que, cuando la institucionalidad se acerca al territorio, la reparación deja de ser promesa y comienza a ser realidad.

El cierre que merece la verdad

Lo que está en juego no es un nombre, ni un cargo, ni un partido: es la dignidad de las víctimas. Y frente a la manipulación mediática, frente al intento de mantener narrativas que favorecen a las élites que siempre administraron la Unidad como un botín, surge un frente que no puede ser callado: los medios alternativos, comunitarios y populares.

Serán ellos, seremos nosotros, quienes estemos prestos a luchar contra la desinformación, contra la manipulación de la opinión pública y contra las agendas que buscan silenciar los avances reales en reparación integral.

Porque la verdad no se negocia. Porque la dignidad de las víctimas no se regatea. Y porque en cada mujer rural, en cada pescador artesanal, en cada comunidad desplazada que hoy empieza a levantar la cabeza, está el recordatorio de que este país solo será justo cuando los más vulnerables dejen de ser invisibles.

Desde 1984 han sido dados por desaparecidos 546 militares y policías en hechos o circunstancias enmarcadas en el contexto o en razón del conflicto armado que son buscados mediante una estrategia diseñada por el Gobierno nacional, mediante un convenio interadministrativo, firmado a finales de 2024 con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que ya está dando los primeros resultados.

Mediante un trabajo de intercambio y consolidación de información entre el sector Defensa y la UBPD se cuenta con un registro para la identificación y la ubicación de las familias y las circunstancias de desaparición de 384 miembros del Ejército, 139 de la Policía, 13 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y 10 de la Armada, confirmó la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa, Alexandra González Zapata.

Según la funcionaria, los aportes de familiares y allegados han sido fundamentales para contextualizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan tener más información para que la labor de las autoridades sea más completa.

Por lo que, en nombre del Gobierno nacional, la funcionaria de MinDefensa hizo un llamado a las familias de militares y policías que se encuentren desaparecidos para que se acerquen a la UBPD y aporten la información contextual de las circunstancias en que pudo desaparecer su allegado, para de esta manera elaborar y trazar planes de investigación y búsqueda.

Ese aporte es primordial, dijo González Zapata, para contextualizar las diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar, y adelantar así la labor de búsqueda, por lo que solicitó a los familiares de los desaparecidos continuar su colaboración para afianzar una línea de trabajo y planes regionales de búsqueda.

El plan cuenta con tres enfoques principales de trabajo: el primero es el de contar con la unión de esfuerzos para buscar a los militares y policías desaparecidos; el segundo apuntar a realizar labores pedagógicas para posesionar el mandato de la UBPD entre las Fuerza Pública y el tercero es el de acceder a la información necesaria para fortalecer la búsqueda de todas las personas dadas por desaparecidas.