Barranquilla
La omisión también es delito: la deuda moral y jurídica del secretario de Gestión Social con las víctimas de Barranquilla
En Barranquilla, donde los discursos oficiales hablan de progreso y eficiencia social, una realidad dolorosa se abre paso entre los despachos de la administración: la inoperancia institucional y la negligencia en el manejo del presupuesto destinado a las víctimas del conflicto armado. Lo que debía ser asistencia, se convirtió en abandono; y lo que la ley consagró como un derecho, hoy parece tratado como una dádiva opcional.
El caso de los hoteles Colonial Inn y Granada, que durante meses alojaron víctimas remitidas por la Secretaría de Gestión Social del Distrito, es apenas la punta del iceberg. Prestaron alojamiento, alimentación y acompañamiento humano a decenas de familias desplazadas por la violencia, confiando en que el Estado cumpliría su palabra. No lo hizo. Hoy esperan el pago de $73.625.000, (sin meter intereses moratorios) mientras la administración distrital responde con tecnicismos: “no existe contrato”, “el operador es el responsable”.
Una fórmula burocrática que intenta disfrazar la omisión de deberes constitucionales.
El dinero de las víctimas no es del funcionario, es del pueblo
Los recursos destinados a la asistencia humanitaria inmediata provienen del presupuesto de víctimas, aprobado por el Concejo Distrital de Barranquilla dentro del Plan de Acción Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo del Distrito. Dichos fondos, según la Ley 1448 de 2011 y la reciente Ley 2421 de 2024, están protegidos por mandato legal para garantizar alojamiento, alimentación y condiciones dignas a las personas víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, en el Distrito de Barranquilla hay actualmente más de 200 personas víctimas de los años 2023, 2024 y 2025 que no han recibido la asistencia humanitaria inmediata a la que tienen derecho. La pregunta es obligada:
¿quién maneja estos recursos y bajo qué criterio se decide no entregarlos?
La Secretaría de Gestión Social, a cargo del funcionario Ismael Marín Daza, administra gran parte de ese presupuesto. Pero los hechos demuestran una cadena de omisiones, demoras y presuntas irregularidades que han terminado por vulnerar la dignidad humana de las víctimas y poner en entredicho la transparencia del manejo de los dineros públicos.
Violación directa a la Constitución y a la Ley de Víctimas
El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que el respeto a la dignidad humana es el fundamento del Estado Social de Derecho.
La Ley 1448 de 2011, en su artículo 47, ordena que la atención humanitaria inmediata debe brindarse de manera oportuna, sin discriminación y con prioridad para quienes están en situación de vulnerabilidad extrema.
La Corte Constitucional, en el Auto 331 de 2019, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, fue contundente:
“No pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas. Los entes territoriales son responsables de garantizar la continuidad y calidad de los programas de asistencia.”
Al incumplir esta obligación, la administración distrital incurre en lo que la misma Corte califica como un retroceso inadmisible en materia de derechos fundamentales. El Distrito de Barranquilla, con su negligencia, viola flagrantemente la Constitución y la Ley de Víctimas, afectando la dignidad de quienes ya fueron golpeados por la violencia.
Presupuesto con destino torcido
El presupuesto para las víctimas no es discrecional. Cada año se aprueba con objetivos específicos y debe ser ejecutado bajo los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Sin embargo, en Barranquilla ese presupuesto parece diluirse entre secretarías, burocracia y silencio institucional.
Fuentes cercanas al Comité de Seguimiento de Víctimas del Distrito confirman que las secretarías de Gobierno, Deporte y Gestión Social manejan recursos con destino a la población víctima, pero sin coordinación real, sin control social y sin rendición pública de cuentas.
En la práctica, los dineros de la reparación y asistencia terminan desviándose hacia programas de impacto mediático, dejando sin atención directa a quienes más lo necesitan.
Esto, en términos jurídicos, podría configurarse como una afectación grave al principio de destinación específica de recursos públicos y una violación de derechos humanos.
Más aún, al tratarse de dineros provenientes del presupuesto nacional para víctimas, su uso indebido o retención injustificada puede implicar responsabilidad penal y disciplinaria para los funcionarios encargados.
La omisión como una forma de violencia
Negar el pago a quienes prestaron los servicios de alojamiento y atención a víctimas —como los hoteles Colonial Inn y Granada—, o demorar indefinidamente la entrega de asistencia humanitaria a más de 200 personas, no es un acto administrativo inofensivo: es una forma de violencia institucional.
Una violencia más sutil, pero igual de destructiva que la ejercida por los grupos armados, porque ataca la esperanza y la dignidad de quienes confiaron en el Estado.
La Corte Constitucional ha advertido en múltiples pronunciamientos que la inacción administrativa en materia de víctimas revictimiza y agrava la exclusión social.
Y eso es precisamente lo que ocurre en Barranquilla: una gestión social que, en lugar de reparar, posterga; que, en lugar de cumplir, promete; y que, en lugar de atender, administra el dolor con cálculo político.
Más perversos que los victimarios
Resulta paradójico que un gobierno que se presenta como ejemplo de gestión social termine reproduciendo el mismo patrón de despojo que las víctimas intentan superar.
Negar la asistencia humanitaria, omitir pagos a prestadores y desviar recursos destinados a la reparación es, en términos éticos y sociales, más perverso que cualquier desplazamiento armado, porque se comete desde el poder, con conocimiento y bajo el amparo de la ley.
Las víctimas del conflicto en Barranquilla hoy son víctimas por partida doble: primero del abandono de la guerra, y ahora del abandono institucional de una administración que les niega los derechos reconocidos por la Constitución.
Conclusión: la deuda del Estado con su propia palabra
El Distrito de Barranquilla y su Secretaría de Gestión Social tienen una deuda que va más allá de los $73 millones impagos a los hoteles.
Tienen una deuda moral y jurídica con las víctimas, con la justicia y con la verdad.
Los recursos de asistencia humanitaria no son del funcionario de turno, son de las víctimas; y su uso indebido o su retención es una forma moderna de despojo institucional.
El Auto 331 de 2019 lo dice con claridad: no pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas.
Hoy, Barranquilla encarna ese retroceso.
Y mientras la burocracia se escuda en los tecnicismos, las víctimas siguen esperando un auxilio que la ley ya les concedió, pero que la ineficiencia y la corrupción les arrebatan.
El silencio institucional, la dilación y la falta de rendición de cuentas hacen que el discurso de reparación se desvanezca. ¿Que pronunciamiento tiene la mesa distrital de victimas con este y otros casos?
En esta ciudad que presume de eficiencia, la Secretaría de Gestión Social parece haberse convertido en el mayor obstáculo para la justicia y la dignidad de las víctimas.
Y esa omisión, revestida de legalidad, es la forma más cruel de impunidad.
Barranquilla
Concejo de Barranquilla cierra filas contra la extorsión: «La ciudad merece vivir sin miedo»
La creciente preocupación por los casos de extorsión, las amenazas contra comerciantes y el avance de estructuras criminales en el área metropolitana volvió a centrar el debate sobre la seguridad en Barranquilla. En ese contexto, desde el Concejo Distrital surgió un nuevo respaldo a las acciones que viene liderando la administración del alcalde Alejandro Char para enfrentar la delincuencia y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos.
El concejal Maicol Flórez expresó que los comerciantes deben poder desarrollar sus actividades sin ser víctimas de extorsión, las familias tienen derecho a vivir sin temor y los jóvenes deben crecer alejados del reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
«Los comerciantes merecen trabajar sin extorsiones, las familias vivir sin miedo y nuestros jóvenes crecer lejos del reclutamiento criminal», manifestó el cabildante al reiterar su apoyo a las estrategias de seguridad impulsadas desde la Alcaldía.
Flórez destacó que la administración distrital ha realizado inversiones en infraestructura, tecnología y fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, al tiempo que aseguró que desde el Concejo continuarán respaldando las iniciativas encaminadas a proteger a los barranquilleros y devolver la tranquilidad a los diferentes barrios de la ciudad.
El pronunciamiento se produce en momentos en que Barranquilla y su área metropolitana enfrentan un incremento en las amenazas de grupos delincuenciales contra el sector comercial, situación que ha generado preocupación entre empresarios, comerciantes y ciudadanos. En los últimos días, las autoridades también han enviado mensajes de tranquilidad mientras avanzan las investigaciones y el despliegue de operativos para contener estas estructuras criminales.
De igual forma, la Policía Nacional informó recientemente sobre importantes resultados contra las redes dedicadas a la extorsión, entre ellos la captura de varias personas señaladas de integrar estas organizaciones, como parte de la estrategia para debilitar su accionar en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
Mientras continúan las acciones institucionales, el mensaje desde el Concejo es claro: la lucha contra la extorsión y la criminalidad requiere el trabajo articulado entre las autoridades, la Fuerza Pública y la ciudadanía.
«Barranquilla merece vivir en paz», concluyó el concejal, reiterando su respaldo a todas las medidas que permitan garantizar la seguridad y proteger a quienes diariamente impulsan la economía de la ciudad.
Ambiente y Comunidad
El Concejal Michael Flórez y Barranquilla en el Escenario Climático Global
Del 1 al 7 de junio de 2026, el concejal Michael Flórez representó a nuestra ciudad en esta iniciativa mundial que celebró 20 años de liderazgo climático. Aceptó la invitación para mostrar los avances reales de Barranquilla en materia ambiental, de la mano del alcalde Alejandro Char.
✅ Estos son algunos de los logros que presentó:
⚡ Primera Comunidad Energética en Las Gardenias (2,000+ paneles solares)
💡 Alumbrado público 100% LED – primeras en Latinoamérica
🌳 200,000 árboles y 5 bosques urbanos
♻️ Recuperación de 73 puntos críticos de basura
🏅 Certificación LEED Gold (mayo 2026)
📍 La administración distrital sigue demostrando que la transición energética justa y la acción climática no son moda, sino política pública.
👏 ¡Barranquilla a otro nivel!
El Concejal de Barranquilla, Michael Flórez Cifuentes, aceptó la invitación para participar en esta iniciativa global. Su aceptación es clave para visibilizar el trabajo que viene realizando la ciudad. Tal como lo ha documentado su administración, Barranquilla ha demostrado que es posible un desarrollo urbano con un fuerte compromiso ambiental.
«Durante y después de mi gobierno Barranquilla será una ciudad oxigenada, libre de contaminación ambiental, auditiva…», ha afirmado el alcalde Alejandro Char en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, que prioriza una «Ciudad Ambiental y Sostenible».
El Legado Verde de la Administración del Alcalde Alejandro Char
Los proyectos que el concejal Flórez puede presentar como evidencia de este liderazgo local son tangibles y de gran envergadura. El éxito de estas iniciativas es lo que permitió que Barranquilla obtuviera la prestigiosa certificación LEED Gold, un estándar mundial en sostenibilidad urbana. Entre los avances más destacados se encuentran:
- ⚡ Energía Sustentable y Transición Justa: Barranquilla se ha convertido en un referente al ser la primera capital de Latinoamérica en alcanzar el 100% de cobertura de alumbrado público con tecnología LED. Además, están en marcha proyectos pioneros como la construcción de la primera Comunidad Energética en el barrio Las Gardenias, que beneficiará a 700 familias con paneles solares, y el desarrollo de estudios para un Parque Solar y uno Eólico.
- 🌱 Acción por el Clima y Espacios Verdes: La ciudad ha ejecutado una ambiciosa estrategia de recuperación de espacios públicos, eliminando más de 70 puntos críticos de basura. Paralelamente, el programa «Siembra Más» mantiene cerca de 200.000 árboles y ha desarrollado 5 bosques urbanos, mitigando el calor y capturando carbono.
- 💧 Gestión de Residuos y Economía Circular: Se ha impulsado la creación de una «Ventanilla Única de Negocios Verdes» para apoyar emprendimientos en economía circular, junto con campañas pedagógicas masivas que han llegado a más de 100.000 personas y han formado a 7.000 niños en manejo de residuos.
Estos son solo algunos de los logros que convierten a Barranquilla en un caso de éxito para inspirar a otras ciudades. La participación del Concejal Flórez en esta semana de acción es una oportunidad para que la ciudad brille en el escenario mundial, demostrando cómo la política local y la acción climática global pueden y deben ir de la mano.
La Semana de Acción Global 2026 y su Significado
La Semana de Acción Global es una iniciativa central de The Climate Reality Project, la organización fundada por el exvicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, cuya misión es impulsar la acción ciudadana frente a la crisis climática.
- Edición 2026: Durante la semana del 1 al 7 de junio de 2026, la campaña global movilizó a comunidades alrededor del mundo para exigir a alcaldes y líderes locales la adopción de energías limpias y asequibles, bajo el lema #CheapCleanEnergyNow (Energía Limpia y Barata Ya).
- Solicitud de acción: Esta red global instó a la ciudadanía a contactar a sus alcaldías y firmar una petición internacional, la cual sería entregada simbólicamente durante la semana de acción.
- Un hito especial: Este año, la organización también conmemora su 20º aniversario, celebrando dos décadas de formación de líderes y promoción de soluciones climáticas a nivel mundial, y reforzando sus llamados a la acción.
Barranquilla
CONPES 4180: la apuesta del Estado para que las víctimas del desplazamiento reconstruyan su vida
En Colombia, millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por causa del conflicto armado. Durante años, muchas de estas familias han sobrevivido gracias a ayudas humanitarias temporales, pero sin lograr una verdadera estabilidad. Con ese panorama, el Gobierno Nacional adoptó el CONPES 4180, una política que busca dar respuestas permanentes a esta problemática histórica.
El documento fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y coordinado por el Departamento Nacional de Planeación, con el objetivo de crear una hoja de ruta que permita a las víctimas del desplazamiento superar la vulnerabilidad y reconstruir su proyecto de vida.
Una política para pasar de la ayuda a la estabilidad
Durante años, la atención a la población desplazada se ha centrado principalmente en ayudas de emergencia. El nuevo CONPES propone un cambio de enfoque: pasar de la asistencia temporal a soluciones duraderas que garanticen condiciones de vida dignas.
Esto significa que el Estado buscará que las víctimas no solo reciban apoyo momentáneo, sino que puedan acceder a oportunidades reales para mejorar su situación económica y social.
Entre los aspectos que se pretenden fortalecer están:
* acceso a vivienda digna
* oportunidades de empleo y emprendimiento
* proyectos productivos
* acceso a educación y salud
* fortalecimiento del tejido social en las comunidades.
La implementación de esta política se realizará en articulación con varias entidades del Estado, entre ellas la Unidad para las Víctimas, encargada de liderar gran parte de la atención a esta población.
¿A quién beneficia esta política?
El CONPES está dirigido principalmente a las víctimas del desplazamiento forzado registradas en el Registro Único de Víctimas, una población que en Colombia supera los 8 millones de personas.
La política busca que, con el paso de los años, una gran parte de estas familias logre superar la pobreza y reconstruir sus proyectos de vida en condiciones de estabilidad.
Tres caminos para reconstruir la vida
El documento plantea tres alternativas para que las víctimas puedan alcanzar lo que se denomina “soluciones duraderas”:
Retorno: cuando las familias deciden regresar a su territorio de origen en condiciones seguras.
Reubicación: cuando se establecen definitivamente en un nuevo territorio distinto al lugar del que fueron desplazadas.
Integración local: cuando las víctimas logran integrarse de manera estable en la ciudad o comunidad donde se asentaron después del desplazamiento.
La idea es que cada familia pueda encontrar la opción que mejor se adapte a su realidad.
Inversión y ejecución
La política contempla una inversión de más de 10 billones de pesos que se ejecutará durante varios años, con la participación de diferentes entidades nacionales y gobiernos territoriales.
Además, se priorizarán municipios con alta presencia de población desplazada, donde se concentrarán los programas sociales, proyectos productivos y estrategias de desarrollo comunitario.
El reto: que la política se convierta en realidad
Aunque el CONPES 4180 representa una hoja de ruta importante, el verdadero desafío será su implementación. Expertos coinciden en que el éxito dependerá de la capacidad del Estado para coordinar instituciones, garantizar recursos y hacer seguimiento a los resultados.
Para millones de colombianos que han sufrido el desplazamiento forzado, esta política podría convertirse en una oportunidad para dejar atrás años de incertidumbre y construir un futuro con mayor estabilidad.
El tiempo dirá si esta apuesta del Estado logra traducirse en cambios reales para las comunidades que más han sufrido las consecuencias del conflicto.
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