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Barranquilla

La omisión también es delito: la deuda moral y jurídica del secretario de Gestión Social con las víctimas de Barranquilla

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En Barranquilla, donde los discursos oficiales hablan de progreso y eficiencia social, una realidad dolorosa se abre paso entre los despachos de la administración: la inoperancia institucional y la negligencia en el manejo del presupuesto destinado a las víctimas del conflicto armado. Lo que debía ser asistencia, se convirtió en abandono; y lo que la ley consagró como un derecho, hoy parece tratado como una dádiva opcional.

El caso de los hoteles Colonial Inn y Granada, que durante meses alojaron víctimas remitidas por la Secretaría de Gestión Social del Distrito, es apenas la punta del iceberg. Prestaron alojamiento, alimentación y acompañamiento humano a decenas de familias desplazadas por la violencia, confiando en que el Estado cumpliría su palabra. No lo hizo. Hoy esperan el pago de $73.625.000, (sin meter intereses moratorios) mientras la administración distrital responde con tecnicismos: “no existe contrato”, “el operador es el responsable”.
Una fórmula burocrática que intenta disfrazar la omisión de deberes constitucionales.

El dinero de las víctimas no es del funcionario, es del pueblo

Los recursos destinados a la asistencia humanitaria inmediata provienen del presupuesto de víctimas, aprobado por el Concejo Distrital de Barranquilla dentro del Plan de Acción Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo del Distrito. Dichos fondos, según la Ley 1448 de 2011 y la reciente Ley 2421 de 2024, están protegidos por mandato legal para garantizar alojamiento, alimentación y condiciones dignas a las personas víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, en el Distrito de Barranquilla hay actualmente más de 200 personas víctimas de los años 2023, 2024 y 2025 que no han recibido la asistencia humanitaria inmediata a la que tienen derecho. La pregunta es obligada:
¿quién maneja estos recursos y bajo qué criterio se decide no entregarlos?

La Secretaría de Gestión Social, a cargo del funcionario Ismael Marín Daza, administra gran parte de ese presupuesto. Pero los hechos demuestran una cadena de omisiones, demoras y presuntas irregularidades que han terminado por vulnerar la dignidad humana de las víctimas y poner en entredicho la transparencia del manejo de los dineros públicos.

Violación directa a la Constitución y a la Ley de Víctimas

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que el respeto a la dignidad humana es el fundamento del Estado Social de Derecho.
La Ley 1448 de 2011, en su artículo 47, ordena que la atención humanitaria inmediata debe brindarse de manera oportuna, sin discriminación y con prioridad para quienes están en situación de vulnerabilidad extrema.

La Corte Constitucional, en el Auto 331 de 2019, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, fue contundente:

“No pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas. Los entes territoriales son responsables de garantizar la continuidad y calidad de los programas de asistencia.”

Al incumplir esta obligación, la administración distrital incurre en lo que la misma Corte califica como un retroceso inadmisible en materia de derechos fundamentales. El Distrito de Barranquilla, con su negligencia, viola flagrantemente la Constitución y la Ley de Víctimas, afectando la dignidad de quienes ya fueron golpeados por la violencia.

Presupuesto con destino torcido

El presupuesto para las víctimas no es discrecional. Cada año se aprueba con objetivos específicos y debe ser ejecutado bajo los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Sin embargo, en Barranquilla ese presupuesto parece diluirse entre secretarías, burocracia y silencio institucional.

Fuentes cercanas al Comité de Seguimiento de Víctimas del Distrito confirman que las secretarías de Gobierno, Deporte y Gestión Social manejan recursos con destino a la población víctima, pero sin coordinación real, sin control social y sin rendición pública de cuentas.
En la práctica, los dineros de la reparación y asistencia terminan desviándose hacia programas de impacto mediático, dejando sin atención directa a quienes más lo necesitan.

Esto, en términos jurídicos, podría configurarse como una afectación grave al principio de destinación específica de recursos públicos y una violación de derechos humanos.
Más aún, al tratarse de dineros provenientes del presupuesto nacional para víctimas, su uso indebido o retención injustificada puede implicar responsabilidad penal y disciplinaria para los funcionarios encargados.

La omisión como una forma de violencia

Negar el pago a quienes prestaron los servicios de alojamiento y atención a víctimas —como los hoteles Colonial Inn y Granada—, o demorar indefinidamente la entrega de asistencia humanitaria a más de 200 personas, no es un acto administrativo inofensivo: es una forma de violencia institucional.
Una violencia más sutil, pero igual de destructiva que la ejercida por los grupos armados, porque ataca la esperanza y la dignidad de quienes confiaron en el Estado.

La Corte Constitucional ha advertido en múltiples pronunciamientos que la inacción administrativa en materia de víctimas revictimiza y agrava la exclusión social.
Y eso es precisamente lo que ocurre en Barranquilla: una gestión social que, en lugar de reparar, posterga; que, en lugar de cumplir, promete; y que, en lugar de atender, administra el dolor con cálculo político.

Más perversos que los victimarios

Resulta paradójico que un gobierno que se presenta como ejemplo de gestión social termine reproduciendo el mismo patrón de despojo que las víctimas intentan superar.
Negar la asistencia humanitaria, omitir pagos a prestadores y desviar recursos destinados a la reparación es, en términos éticos y sociales, más perverso que cualquier desplazamiento armado, porque se comete desde el poder, con conocimiento y bajo el amparo de la ley.

Las víctimas del conflicto en Barranquilla hoy son víctimas por partida doble: primero del abandono de la guerra, y ahora del abandono institucional de una administración que les niega los derechos reconocidos por la Constitución.

Conclusión: la deuda del Estado con su propia palabra

El Distrito de Barranquilla y su Secretaría de Gestión Social tienen una deuda que va más allá de los $73 millones impagos a los hoteles.
Tienen una deuda moral y jurídica con las víctimas, con la justicia y con la verdad.
Los recursos de asistencia humanitaria no son del funcionario de turno, son de las víctimas; y su uso indebido o su retención es una forma moderna de despojo institucional.

El Auto 331 de 2019 lo dice con claridad: no pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas.
Hoy, Barranquilla encarna ese retroceso.
Y mientras la burocracia se escuda en los tecnicismos, las víctimas siguen esperando un auxilio que la ley ya les concedió, pero que la ineficiencia y la corrupción les arrebatan.

El silencio institucional, la dilación y la falta de rendición de cuentas hacen que el discurso de reparación se desvanezca. ¿Que pronunciamiento tiene la mesa distrital de victimas con este y otros casos?
En esta ciudad que presume de eficiencia, la Secretaría de Gestión Social parece haberse convertido en el mayor obstáculo para la justicia y la dignidad de las víctimas.

Y esa omisión, revestida de legalidad, es la forma más cruel de impunidad.

Soy periodista independiente y miembro activo de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia (APIC). Trabajo con formatos escritos y audiovisuales, aportando investigación rigurosa y un enfoque humano que prioriza las voces locales. Mis reportajes y crónicas integran un toque narrativo potente: uso la narrativa para dar contexto y profundidad, transformando datos en historias que conectan con el lector. Disponible para colaboraciones, investigación y proyectos editoriales.

Ambiente y Comunidad

Maicol Flórez: «Barranquilla debe convertir su liderazgo en sostenibilidad en una política de ciudad para las próximas generaciones»

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Barranquilla continúa consolidándose como un referente internacional en materia de desarrollo sostenible. La capital del Atlántico recibió la certificación LEED for Cities Gold, convirtiéndose en la primera ciudad de Suramérica en alcanzar este reconocimiento, que evalúa aspectos como la gestión del agua, la eficiencia energética, la calidad del aire, la resiliencia climática, la movilidad sostenible y la calidad de los espacios públicos.

Maicol Florez, Concejal de Barranquilla


Para el concejal Maicol Flórez, este logro representa mucho más que un reconocimiento internacional: es la confirmación de que la ciudad avanza por el camino correcto, pero también un compromiso para fortalecer las políticas ambientales y garantizar que el desarrollo sostenible beneficie a todos los barranquilleros.

«La sostenibilidad debe convertirse en una política permanente de ciudad»


El Popular conversó con el cabildante sobre el significado de esta certificación y los retos que enfrenta Barranquilla para conservar este liderazgo.

El Popular: Barranquilla acaba de ser reconocida como la primera ciudad sostenible de Suramérica con la certificación LEED for Cities Gold. ¿Qué representa este logro para la ciudad y para sus habitantes?

Maicol Flórez: Este reconocimiento demuestra que Barranquilla está preparada para liderar el desarrollo sostenible en Colombia y en América Latina. Es un motivo de orgullo para todos los barranquilleros porque evidencia que las inversiones en espacio público, movilidad, recuperación ambiental y planificación urbana están dando resultados. Pero, sobre todo, significa una mejor calidad de vida para las familias y un futuro más responsable con el medio ambiente.

El Popular: Desde el Concejo de Barranquilla, ¿qué iniciativas considera prioritarias para fortalecer y mantener este reconocimiento?

Maicol Flórez: Debemos seguir impulsando políticas públicas que promuevan la economía circular, la reducción de residuos, la protección de nuestros cuerpos de agua, la transición energética y una mayor cultura ciudadana alrededor del cuidado ambiental. El Concejo tiene la responsabilidad de respaldar proyectos que garanticen que este reconocimiento no sea temporal, sino una política permanente de ciudad.

El Popular: ¿Qué papel deben asumir los ciudadanos en esta transformación?

Maicol Flórez: Ninguna estrategia ambiental tendrá éxito sin la participación de la comunidad. Cada acción cuenta: separar los residuos, reciclar, ahorrar agua y energía, proteger nuestros parques y educar a las nuevas generaciones. La sostenibilidad comienza en casa y se fortalece cuando todos entendemos que cuidar el ambiente también significa cuidar nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro.

El Popular: Este reconocimiento también abre oportunidades de inversión. ¿Cómo garantizar que esos beneficios lleguen a todos?

Maicol Flórez: Una ciudad sostenible genera confianza para atraer inversión, empleo y turismo. El reto es que ese crecimiento sea incluyente, que llegue a los barrios, fortalezca el emprendimiento, mejore la movilidad y permita seguir reduciendo las brechas sociales. El desarrollo debe sentirse en cada rincón de Barranquilla.

El Popular: ¿Cuál considera que debe ser el siguiente gran paso para consolidar a Barranquilla como referente ambiental?

Maicol Flórez: Debemos convertirnos en la capital colombiana de la innovación ambiental. Eso implica fortalecer la educación ambiental, impulsar energías limpias, proteger nuestros ecosistemas urbanos y trabajar de la mano con la academia, el sector privado y la ciudadanía. Si logramos esa articulación, Barranquilla no solo será un ejemplo para Colombia, sino para toda América Latina.

Una visión de futuro

Para Maicol Flórez, el reconocimiento LEED for Cities Gold no representa el punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa en la que Barranquilla deberá consolidar un modelo de desarrollo basado en la innovación, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

«El verdadero éxito será que nuestros hijos y nietos reciban una ciudad más limpia, más verde, más resiliente y con mayores oportunidades. Ese debe ser el compromiso de todos», concluyó el concejal.

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Barranquilla

Barranquilla fortalece su liderazgo ambiental con una gran alianza por el futuro del plástico

El diálogo entre instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía consolida la hoja de ruta para convertir a Barranquilla en un referente nacional de sostenibilidad y economía circular.

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Barranquilla volvió a demostrar que el liderazgo ambiental se construye desde el territorio. Con una amplia participación de entidades públicas, organizaciones ambientales, fundaciones, asociaciones de recicladores, líderes comunales y ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible, se llevó a cabo con éxito el foro «El Futuro Local del Plástico: Impacto Global, Acción Local», una iniciativa que abrió un espacio de diálogo y construcción colectiva para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales del planeta: la contaminación por plásticos.

El encuentro, organizado por la Fundación ProAyudar en el marco de la campaña Julio Sin Plástico, tuvo como propósito analizar el escenario internacional tras el estancamiento de las negociaciones del Tratado Global de Plásticos de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, construir propuestas que permitan fortalecer políticas públicas locales de economía circular para Barranquilla.

El principal impulsor y gestor de este importante espacio fue el concejal de Barranquilla, Maicol Flórez, quien se ha convertido en una de las principales voces del Distrito en materia ambiental y transición energética. Desde el Concejo Distrital ha liderado una agenda permanente orientada a impulsar iniciativas que promuevan la protección de los recursos naturales, la economía circular y la participación ciudadana como herramientas para transformar el territorio.

Su liderazgo se articula con la visión estratégica del alcalde Alejandro Char Chaljub y de la gerente de ciudad Ana María Aljure, quienes han consolidado una apuesta para posicionar a Barranquilla como la Biodiverciudad más representativa de Colombia, no solamente por el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la sostenibilidad, sino porque entienden que el cuidado del ambiente también significa mejorar la calidad de vida, la salud pública, la competitividad y el bienestar de todos los barranquilleros.

Uno de los aspectos más destacados del foro fue el decidido respaldo institucional del Área Metropolitana de Barranquilla, representada por Hugo Pacheco Barragán, asesor de la Subdirección de Planeación y jefe del Departamento de Programas y Proyectos. Durante la jornada escuchó atentamente las diferentes propuestas presentadas por los asistentes y manifestó el compromiso de la entidad para acompañar las iniciativas que surjan de este proceso participativo, reconociendo que la articulación entre instituciones y ciudadanía será fundamental para consolidar una política ambiental metropolitana de largo plazo.

Asimismo, fue significativa la presencia de Rafael Mendoza, delegado de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), quien participó activamente en las mesas de trabajo, aportando desde la autoridad ambiental criterios técnicos y demostrando el interés de la entidad por fortalecer escenarios donde las comunidades puedan construir soluciones para los desafíos ambientales del departamento.

El foro también contó con la participación de la Fundación Amigos del Mar Caribe, organización que presentó propuestas integrales para la conservación de los ecosistemas marino-costeros y la reducción de los residuos que afectan las playas, ciénagas y cuerpos de agua del Caribe colombiano.

Por su parte, la Corporación Colombia Internacional en cabeza de Ramón Gómez compartió su experiencia en procesos de formación y capacitación para la creación de nuevos empleos verdes y sostenibles, destacando que la transición hacia una economía circular representa también una oportunidad para generar desarrollo económico, innovación y empleo digno.

A este importante ejercicio se sumaron organizaciones de recicladores, líderes comunitarios, representantes comunales y colectivos ciudadanos que, desde sus diferentes experiencias, contribuyeron a construir una hoja de ruta que servirá como base para la realización del gran foro ambiental previsto para el próximo mes de septiembre, donde se espera consolidar propuestas que puedan traducirse en políticas públicas para Barranquilla y su área metropolitana.

Durante la jornada se desarrollaron paneles sobre el impacto de la contaminación por plásticos en el Caribe colombiano, la transición industrial hacia modelos sostenibles, la economía circular y una mesa de cocreación para construir un plan de acción local, finalizando con compromisos concretos entre los actores participantes y la presentación de la iniciativa PLASTITRUEQUE como estrategia de educación ambiental y aprovechamiento de residuos.

Más que un evento académico, este foro representó una muestra del momento histórico que vive Barranquilla. La ciudad avanza hacia un modelo de desarrollo donde la sostenibilidad deja de ser un discurso para convertirse en una política transversal que involucra a las instituciones, al sector privado, a la academia y a la ciudadanía.

La crisis mundial del plástico exige respuestas locales. Y Barranquilla ha entendido que esas respuestas solo serán posibles mediante escenarios permanentes de participación, concertación y construcción colectiva. Espacios como este permiten escuchar todas las voces, fortalecer alianzas y convertir las buenas ideas en proyectos capaces de transformar el territorio.

El éxito de esta jornada demuestra que la capital del Atlántico no solo está preparada para liderar la conversación ambiental en Colombia, sino también para convertirse en un ejemplo de cómo la participación ciudadana, el compromiso institucional y el liderazgo político pueden impulsar una verdadera transformación hacia una ciudad más sostenible, resiliente y con mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.

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Barranquilla

Maicol Flórez pone la transición energética en el centro del debate: «Barranquilla ya no habla del futuro, lo está construyendo»

En medio del debate nacional sobre la seguridad energética y los retos que enfrenta Colombia ante el fenómeno de El Niño, el concejal de Barranquilla Maicol Flórez dejó una constancia en la corporación que invita a mirar hacia una realidad que ya comienza a tomar forma en la ciudad: la transición energética dejó de ser […]

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En medio del debate nacional sobre la seguridad energética y los retos que enfrenta Colombia ante el fenómeno de El Niño, el concejal de Barranquilla Maicol Flórez dejó una constancia en la corporación que invita a mirar hacia una realidad que ya comienza a tomar forma en la ciudad: la transición energética dejó de ser un discurso y empieza a reflejarse en obras concretas.

Durante su intervención, el cabildante destacó el liderazgo del alcalde Alejandro Char en la ejecución de proyectos que hoy convierten a Barranquilla en uno de los principales laboratorios urbanos de energías renovables del país.

Uno de los ejemplos mencionados fue la puesta en funcionamiento de la primera comunidad energética de Barranquilla, ubicada en el barrio Las Gardenias. El proyecto integra cerca de 2.000 paneles solares, una huerta comunitaria, la Institución Educativa San Luis y espacios públicos para beneficiar aproximadamente a 700 familias de estratos 1 y 2 con energía limpia y una reducción en el costo de sus facturas. Además, recuperó un terreno que durante años fue utilizado como basurero a cielo abierto y lo transformó en un espacio productivo y ambientalmente sostenible.

Pero quizá el aspecto que más llamó la atención del concejal fue la innovación implementada en el parque productivo de Las Gardenias. Allí se instalaron paneles solares traslúcidos, una tecnología que permite el paso controlado de la luz solar para favorecer el crecimiento de cultivos mientras simultáneamente genera electricidad. Este modelo demuestra que la producción de alimentos y la generación de energía pueden coexistir en un mismo espacio, convirtiendo un antiguo foco de contaminación en un referente de sostenibilidad urbana.

Parque Solar Juan Mina, Alcalde Alejandro Char Chaljub

A esta apuesta se suma la construcción del primer parque solar de Barranquilla, ubicado en el corregimiento de Juan Mina. El proyecto ocupará cerca de ocho hectáreas y producirá alrededor de 10,19 GWh al año, energía que permitirá abastecer parte del sistema de alumbrado público de la ciudad y reducir su huella ambiental.

La intervención de Maicol Flórez adquiere especial relevancia porque ocurre en un momento en el que Colombia enfrenta un intenso debate sobre la seguridad energética. Mientras el Gobierno Nacional implementa medidas preventivas por la llegada del fenómeno de El Niño y desarrolla programas como Colombia Solar, que ya reporta reducciones importantes en las facturas de energía de familias beneficiarias en Barranquilla, las ciudades también empiezan a demostrar que la transición energética puede construirse desde los territorios mediante proyectos concretos.

Más allá del reconocimiento político al alcalde Alejandro Char, el mensaje del concejal deja una reflexión de fondo: la transición energética no debe entenderse únicamente como un compromiso ambiental, sino como una estrategia para mejorar la calidad de vida, recuperar espacios degradados, reducir costos para las familias y fortalecer la seguridad energética de las ciudades.

Sin embargo, el desafío apenas comienza. Barranquilla avanza con proyectos que hoy son ejemplo nacional, pero el verdadero reto será ampliar estos modelos a más barrios, consolidar la generación distribuida y lograr que la energía renovable tenga un impacto cada vez mayor sobre las tarifas que pagan los ciudadanos.

La pregunta que queda abierta es si las experiencias que hoy nacen en Barranquilla podrán convertirse en un modelo replicable para el resto del país, precisamente cuando Colombia necesita acelerar la transición energética sin perder de vista la confiabilidad del sistema eléctrico.

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