En el dinámico sector de Los Almendros, en Soledad, el aroma de la parrilla y el sonido del carbón encendido tienen un nombre propio: Roque Pico Jiménez. Este hombre, que ha dedicado entre 22 y 25 años de su vida al arte de la cocina, se ha convertido en un referente de la economía popular gracias a su negocio, «El Carbón de los Almendros», un punto que ya suma más de una década de historia y sabor.

Una vida entre fogones y comunidad

La trayectoria de Don Roque no es producto del azar. Antes de establecerse en su ubicación actual, trabajó en el sector de Hipódromo, desde donde se trasladó para fundar lo que hoy es un pilar gastronómico para sus vecinos. Con una oferta diversa que va desde la parrilla y el pollo broster hasta platos tradicionales como el sancocho de guandul y el ajiaco santafereño, Don Roque ha logrado consolidar una clientela fiel que valora la experiencia y la calidad de su sazón.

Sin embargo, el éxito de su negocio no solo reside en el menú. Para este emprendedor, la base de todo es la relación con la comunidad. «Con todo el mundo nos llevamos muy bien, son buenos vecinos», afirma, destacando que el apoyo mutuo en temas como la seguridad es vital para el sostenimiento del comercio local.

El desafío de la pandemia: Innovar para sobrevivir

Uno de los capítulos más difíciles para el sector de la economía popular fue la crisis del COVID-19. Para Don Roque, ver el negocio cerrado durante 15 días fue «frustrante», especialmente por la responsabilidad que sentía hacia sus empleados, quienes dependían enteramente del restaurante.

«Todos dependíamos de unos a otros», recuerda Don Roque. Lejos de rendirse, el equipo se reorganizó para trabajar mediante domicilios. Fue en este periodo de crisis donde nació la innovación: para ayudar a las ventas, introdujo el pollo broster, una receta que hoy es uno de los sellos distintivos del lugar. El secreto para no quebrar, según explica, fue mantener la misma calidad de siempre y contar con el esmero de un equipo que funciona como una «piñonería» o un engranaje perfecto.

Un motor de empleo y esperanza

Actualmente, «El Carbón de los Almendros» sostiene a siete empleados, formando una estructura que Don Roque describe más como una familia que como una simple nómina. Su visión del emprendimiento popular es clara: se requiere fuerza de voluntad y no desistir ante la primera prueba, pues la vida siempre pondrá obstáculos en el camino.

A pesar de los retos actuales, como la inseguridad —que identifica como su mayor preocupación—, Don Roque hace un llamado al acompañamiento entre la comunidad y al fortalecimiento del pie de fuerza para proteger el sustento de las familias.

Un mensaje para los nuevos emprendedores

Como referente de la economía popular, Don Roque Pico Jiménez deja una lección de vida para los jóvenes y las madres cabeza de familia que desean iniciar su propio camino: «El querer es poder». Para él, el entusiasmo y la motivación son las herramientas necesarias para sacar adelante proyectos que, más allá de ser negocios, son el motor de subsistencia de toda una comunidad.

Don Roque sigue allí, frente a su parrilla, demostrando que con experiencia, ubicación y, sobre todo, corazón, el emprendimiento popular es la fuerza que mueve a Soledad.

En Barranquilla, donde los discursos oficiales hablan de progreso y eficiencia social, una realidad dolorosa se abre paso entre los despachos de la administración: la inoperancia institucional y la negligencia en el manejo del presupuesto destinado a las víctimas del conflicto armado. Lo que debía ser asistencia, se convirtió en abandono; y lo que la ley consagró como un derecho, hoy parece tratado como una dádiva opcional.

El caso de los hoteles Colonial Inn y Granada, que durante meses alojaron víctimas remitidas por la Secretaría de Gestión Social del Distrito, es apenas la punta del iceberg. Prestaron alojamiento, alimentación y acompañamiento humano a decenas de familias desplazadas por la violencia, confiando en que el Estado cumpliría su palabra. No lo hizo. Hoy esperan el pago de $73.625.000, (sin meter intereses moratorios) mientras la administración distrital responde con tecnicismos: “no existe contrato”, “el operador es el responsable”.
Una fórmula burocrática que intenta disfrazar la omisión de deberes constitucionales.

El dinero de las víctimas no es del funcionario, es del pueblo

Los recursos destinados a la asistencia humanitaria inmediata provienen del presupuesto de víctimas, aprobado por el Concejo Distrital de Barranquilla dentro del Plan de Acción Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo del Distrito. Dichos fondos, según la Ley 1448 de 2011 y la reciente Ley 2421 de 2024, están protegidos por mandato legal para garantizar alojamiento, alimentación y condiciones dignas a las personas víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, en el Distrito de Barranquilla hay actualmente más de 200 personas víctimas de los años 2023, 2024 y 2025 que no han recibido la asistencia humanitaria inmediata a la que tienen derecho. La pregunta es obligada:
¿quién maneja estos recursos y bajo qué criterio se decide no entregarlos?

La Secretaría de Gestión Social, a cargo del funcionario Ismael Marín Daza, administra gran parte de ese presupuesto. Pero los hechos demuestran una cadena de omisiones, demoras y presuntas irregularidades que han terminado por vulnerar la dignidad humana de las víctimas y poner en entredicho la transparencia del manejo de los dineros públicos.

Violación directa a la Constitución y a la Ley de Víctimas

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que el respeto a la dignidad humana es el fundamento del Estado Social de Derecho.
La Ley 1448 de 2011, en su artículo 47, ordena que la atención humanitaria inmediata debe brindarse de manera oportuna, sin discriminación y con prioridad para quienes están en situación de vulnerabilidad extrema.

La Corte Constitucional, en el Auto 331 de 2019, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, fue contundente:

“No pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas. Los entes territoriales son responsables de garantizar la continuidad y calidad de los programas de asistencia.”

Al incumplir esta obligación, la administración distrital incurre en lo que la misma Corte califica como un retroceso inadmisible en materia de derechos fundamentales. El Distrito de Barranquilla, con su negligencia, viola flagrantemente la Constitución y la Ley de Víctimas, afectando la dignidad de quienes ya fueron golpeados por la violencia.

Presupuesto con destino torcido

El presupuesto para las víctimas no es discrecional. Cada año se aprueba con objetivos específicos y debe ser ejecutado bajo los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Sin embargo, en Barranquilla ese presupuesto parece diluirse entre secretarías, burocracia y silencio institucional.

Fuentes cercanas al Comité de Seguimiento de Víctimas del Distrito confirman que las secretarías de Gobierno, Deporte y Gestión Social manejan recursos con destino a la población víctima, pero sin coordinación real, sin control social y sin rendición pública de cuentas.
En la práctica, los dineros de la reparación y asistencia terminan desviándose hacia programas de impacto mediático, dejando sin atención directa a quienes más lo necesitan.

Esto, en términos jurídicos, podría configurarse como una afectación grave al principio de destinación específica de recursos públicos y una violación de derechos humanos.
Más aún, al tratarse de dineros provenientes del presupuesto nacional para víctimas, su uso indebido o retención injustificada puede implicar responsabilidad penal y disciplinaria para los funcionarios encargados.

La omisión como una forma de violencia

Negar el pago a quienes prestaron los servicios de alojamiento y atención a víctimas —como los hoteles Colonial Inn y Granada—, o demorar indefinidamente la entrega de asistencia humanitaria a más de 200 personas, no es un acto administrativo inofensivo: es una forma de violencia institucional.
Una violencia más sutil, pero igual de destructiva que la ejercida por los grupos armados, porque ataca la esperanza y la dignidad de quienes confiaron en el Estado.

La Corte Constitucional ha advertido en múltiples pronunciamientos que la inacción administrativa en materia de víctimas revictimiza y agrava la exclusión social.
Y eso es precisamente lo que ocurre en Barranquilla: una gestión social que, en lugar de reparar, posterga; que, en lugar de cumplir, promete; y que, en lugar de atender, administra el dolor con cálculo político.

Más perversos que los victimarios

Resulta paradójico que un gobierno que se presenta como ejemplo de gestión social termine reproduciendo el mismo patrón de despojo que las víctimas intentan superar.
Negar la asistencia humanitaria, omitir pagos a prestadores y desviar recursos destinados a la reparación es, en términos éticos y sociales, más perverso que cualquier desplazamiento armado, porque se comete desde el poder, con conocimiento y bajo el amparo de la ley.

Las víctimas del conflicto en Barranquilla hoy son víctimas por partida doble: primero del abandono de la guerra, y ahora del abandono institucional de una administración que les niega los derechos reconocidos por la Constitución.

Conclusión: la deuda del Estado con su propia palabra

El Distrito de Barranquilla y su Secretaría de Gestión Social tienen una deuda que va más allá de los $73 millones impagos a los hoteles.
Tienen una deuda moral y jurídica con las víctimas, con la justicia y con la verdad.
Los recursos de asistencia humanitaria no son del funcionario de turno, son de las víctimas; y su uso indebido o su retención es una forma moderna de despojo institucional.

El Auto 331 de 2019 lo dice con claridad: no pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas.
Hoy, Barranquilla encarna ese retroceso.
Y mientras la burocracia se escuda en los tecnicismos, las víctimas siguen esperando un auxilio que la ley ya les concedió, pero que la ineficiencia y la corrupción les arrebatan.

El silencio institucional, la dilación y la falta de rendición de cuentas hacen que el discurso de reparación se desvanezca. ¿Que pronunciamiento tiene la mesa distrital de victimas con este y otros casos?
En esta ciudad que presume de eficiencia, la Secretaría de Gestión Social parece haberse convertido en el mayor obstáculo para la justicia y la dignidad de las víctimas.

Y esa omisión, revestida de legalidad, es la forma más cruel de impunidad.

La Mesa de Participación Colectiva de Víctimas de Campo de la Cruz, Atlántico, ha dado un paso firme al respaldar públicamente la gestión del ingeniero Adith Rafael Romero Polanco, actual director de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Un hecho sin precedentes en la historia de la institución: por primera vez, una víctima dirige esta cartera y lo hace con la convicción de dignificar a quienes han cargado por décadas con el peso de la guerra.

El pronunciamiento de la Mesa de Participación de Campo de la Cruz es contundente: por primera vez las indemnizaciones están llegando a las víctimas, por primera vez se sienten escuchadas y por primera vez perciben una presencia institucional en terreno que no se queda en el discurso. Esa es la razón por la cual las comunidades del Atlántico defienden la continuidad de este modelo de gestión.

La mala prensa y el trasfondo político

Tanto El Tiempo como Semana han intentado instalar un relato que no corresponde con la realidad de los territorios. El primero, minimizando a Romero por una supuesta “falta de experiencia”, desconociendo no solo su trayectoria profesional sino el valor inmenso de que una víctima llegue por fin a dirigir la entidad que históricamente ha sido manejada desde la lejanía y la burocracia. Y el segundo, recurriendo al amarillismo con titulares que hablan de “escándalos” y “malos manejos” que, en realidad, parecen más un favor político a quienes perdieron el control de la Unidad y hoy se incomodan porque las víctimas dejaron de ser estadísticas y se convirtieron en protagonistas.

La pregunta que surge es sencilla: ¿a quién le sirve esa narrativa? Porque la evidencia en los territorios muestra lo contrario. El supuesto “escándalo” denunciado por Semana más parece un favor político a quienes históricamente han administrado la Unidad de Víctimas con una lógica clientelista y burocrática, y que ahora se ven desplazados por una gestión que prioriza a las víctimas sobre los intereses de poder.

El hecho de que por primera vez las indemnizaciones estén llegando de manera ágil a las comunidades debería ser titular. El hecho de que se estén abriendo espacios de diálogo directo y transparente con las Mesas de Participación debería ser el centro del debate. Sin embargo, la “mala prensa” busca deslegitimar avances reales, sembrando dudas que favorecen a los mismos sectores que han querido mantener a las víctimas como estadísticas y no como sujetos de derechos.

Un llamado al debate público

El respaldo de la Mesa de Participación de Campo de la Cruz no es un asunto local, es un llamado al país a repensar cómo se construyen las narrativas alrededor de las víctimas. Defender la dignidad, fortalecer la participación y garantizar una atención integral no deberían ser banderas partidistas, sino políticas de Estado.

Hoy las víctimas rurales, los pescadores artesanales y las comunidades del sur del Atlántico levantan la voz no solo para agradecer un cambio, sino para advertir que no permitirán que su esperanza vuelva a ser utilizada como moneda política.

La crítica debe ser clara: los medios tienen la obligación ética de informar con datos reales y no de servir como caja de resonancia de intereses que pretenden frenar los avances en la reparación integral.

El Caribe colombiano, con sus heridas abiertas pero con resiliencia intacta, reclama respeto y verdad. La defensa de la gestión de Adith Romero por parte de las víctimas no es un capricho: es la prueba de que, cuando la institucionalidad se acerca al territorio, la reparación deja de ser promesa y comienza a ser realidad.

El cierre que merece la verdad

Lo que está en juego no es un nombre, ni un cargo, ni un partido: es la dignidad de las víctimas. Y frente a la manipulación mediática, frente al intento de mantener narrativas que favorecen a las élites que siempre administraron la Unidad como un botín, surge un frente que no puede ser callado: los medios alternativos, comunitarios y populares.

Serán ellos, seremos nosotros, quienes estemos prestos a luchar contra la desinformación, contra la manipulación de la opinión pública y contra las agendas que buscan silenciar los avances reales en reparación integral.

Porque la verdad no se negocia. Porque la dignidad de las víctimas no se regatea. Y porque en cada mujer rural, en cada pescador artesanal, en cada comunidad desplazada que hoy empieza a levantar la cabeza, está el recordatorio de que este país solo será justo cuando los más vulnerables dejen de ser invisibles.