El alcalde Alejandro Char aseguró que espera «pasar esa página rápido» al referirse a la relación que sostuvo Barranquilla con el Gobierno Nacional durante los últimos cuatro años. En un balance de gestión, afirmó que la ciudad enfrentó múltiples retos con un respaldo insuficiente del nivel central y que debió sacar adelante proyectos estratégicos con recursos propios y alianzas con el sector privado.

«Barranquilla aprendió a nadar sola», manifestó el mandatario, una frase que resume el balance que hace sobre la relación entre la administración distrital y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sus declaraciones se suman a otras críticas expresadas durante este año, en las que ha señalado que la ciudad ha tenido que asumir por sí sola inversiones en seguridad, infraestructura y desarrollo.

Los Juegos Panamericanos, el principal símbolo de la ruptura

El episodio que marcó con mayor fuerza la relación entre Barranquilla y el Gobierno Nacional fue la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

La Organización Panam Sports retiró la sede a Barranquilla luego de que el Gobierno Nacional incumpliera el pago de USD 4 millones que debía realizar el Ministerio del Deporte antes del 30 de diciembre de 2023. Posteriormente se conocieron documentos que indicaban que los recursos estaban disponibles, pero el giro no se efectuó dentro del plazo contractual.

Tras la pérdida de la sede, el presidente Petro convocó reuniones con el alcalde Alejandro Char, el gobernador Eduardo Verano y el Comité Olímpico Colombiano para intentar recuperar el evento. Incluso se anunció una hoja de ruta y nuevos compromisos financieros; sin embargo, los esfuerzos no lograron revertir la decisión de Panam Sports.

Seguridad: otra de las principales diferencias

En los últimos meses, Char también ha cuestionado la política de seguridad del Gobierno Nacional.

El alcalde ha sostenido que Barranquilla ha tenido que financiar gran parte del fortalecimiento de la Policía con recursos propios, incluyendo tecnología, infraestructura, cámaras, vehículos y estaciones policiales.

«Estamos solos en la seguridad», afirmó en abril, señalando que el Distrito, los contribuyentes y la Policía han soportado la mayor carga frente al crecimiento de fenómenos como la extorsión y el crimen organizado.

Y ni hablar de la transición energética…

Otro de los puntos que ha generado debate es la narrativa sobre la transición energética. Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro convirtió este tema en una de las principales banderas de su administración, en Barranquilla existe la percepción de que la ciudad ya había trazado ese camino años atrás.

Proyectos como el complejo solar de Las Gardenias, las apuestas distritales por la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la promoción de energías renovables fueron impulsados por las administraciones locales antes del actual Gobierno Nacional. En ese contexto, la administración de Alejandro Char sostiene que Barranquilla no solo acompañó la transición energética, sino que fue pionera en convertirla en una política pública de desarrollo urbano, razón por la cual considera que el Gobierno Petro terminó apropiándose de una narrativa que la ciudad venía construyendo desde años anteriores. Este ha sido un tema ampliamente documentado por El Popular en diversos informes sobre la evolución de la transición energética en el Caribe colombiano.

Puedes leer https://elpopular.online/barranquilla-pionera-silenciosa-mucho-antes-de-colombia-solar-la-ciudad-ya-encendia-la-luz-de-la-transicion-energetica/

Un contraste de visiones

Mientras la administración distrital sostiene que el Gobierno Nacional dejó de acompañar proyectos estratégicos para Barranquilla, el presidente Gustavo Petro ha defendido que durante su mandato aumentaron las transferencias nacionales en áreas como educación y ha cuestionado la administración de esos recursos por parte de las autoridades locales.

De esta manera, el debate no solo gira alrededor de la cantidad de recursos invertidos, sino también sobre la responsabilidad de cada nivel de gobierno en la ejecución de políticas públicas y grandes proyectos para la ciudad.

Pasar la página rápido y punto.

Con sus recientes declaraciones, Alejandro Char deja claro que espera que la nueva etapa política del país al mando de Abelardo De La Espriella permita recomponer la relación entre Barranquilla y la Nación.

«Quisiera pasar esa página rápido», expresó el alcalde, insistiendo en que, pese a las dificultades, la ciudad mantuvo el rumbo gracias a la gestión local, el respaldo del sector privado y la capacidad institucional del Distrito.

En el dinámico sector de Los Almendros, en Soledad, el aroma de la parrilla y el sonido del carbón encendido tienen un nombre propio: Roque Pico Jiménez. Este hombre, que ha dedicado entre 22 y 25 años de su vida al arte de la cocina, se ha convertido en un referente de la economía popular gracias a su negocio, «El Carbón de los Almendros», un punto que ya suma más de una década de historia y sabor.

Una vida entre fogones y comunidad

La trayectoria de Don Roque no es producto del azar. Antes de establecerse en su ubicación actual, trabajó en el sector de Hipódromo, desde donde se trasladó para fundar lo que hoy es un pilar gastronómico para sus vecinos. Con una oferta diversa que va desde la parrilla y el pollo broster hasta platos tradicionales como el sancocho de guandul y el ajiaco santafereño, Don Roque ha logrado consolidar una clientela fiel que valora la experiencia y la calidad de su sazón.

Sin embargo, el éxito de su negocio no solo reside en el menú. Para este emprendedor, la base de todo es la relación con la comunidad. «Con todo el mundo nos llevamos muy bien, son buenos vecinos», afirma, destacando que el apoyo mutuo en temas como la seguridad es vital para el sostenimiento del comercio local.

El desafío de la pandemia: Innovar para sobrevivir

Uno de los capítulos más difíciles para el sector de la economía popular fue la crisis del COVID-19. Para Don Roque, ver el negocio cerrado durante 15 días fue «frustrante», especialmente por la responsabilidad que sentía hacia sus empleados, quienes dependían enteramente del restaurante.

«Todos dependíamos de unos a otros», recuerda Don Roque. Lejos de rendirse, el equipo se reorganizó para trabajar mediante domicilios. Fue en este periodo de crisis donde nació la innovación: para ayudar a las ventas, introdujo el pollo broster, una receta que hoy es uno de los sellos distintivos del lugar. El secreto para no quebrar, según explica, fue mantener la misma calidad de siempre y contar con el esmero de un equipo que funciona como una «piñonería» o un engranaje perfecto.

Un motor de empleo y esperanza

Actualmente, «El Carbón de los Almendros» sostiene a siete empleados, formando una estructura que Don Roque describe más como una familia que como una simple nómina. Su visión del emprendimiento popular es clara: se requiere fuerza de voluntad y no desistir ante la primera prueba, pues la vida siempre pondrá obstáculos en el camino.

A pesar de los retos actuales, como la inseguridad —que identifica como su mayor preocupación—, Don Roque hace un llamado al acompañamiento entre la comunidad y al fortalecimiento del pie de fuerza para proteger el sustento de las familias.

Un mensaje para los nuevos emprendedores

Como referente de la economía popular, Don Roque Pico Jiménez deja una lección de vida para los jóvenes y las madres cabeza de familia que desean iniciar su propio camino: «El querer es poder». Para él, el entusiasmo y la motivación son las herramientas necesarias para sacar adelante proyectos que, más allá de ser negocios, son el motor de subsistencia de toda una comunidad.

Don Roque sigue allí, frente a su parrilla, demostrando que con experiencia, ubicación y, sobre todo, corazón, el emprendimiento popular es la fuerza que mueve a Soledad.

En Barranquilla, donde los discursos oficiales hablan de progreso y eficiencia social, una realidad dolorosa se abre paso entre los despachos de la administración: la inoperancia institucional y la negligencia en el manejo del presupuesto destinado a las víctimas del conflicto armado. Lo que debía ser asistencia, se convirtió en abandono; y lo que la ley consagró como un derecho, hoy parece tratado como una dádiva opcional.

El caso de los hoteles Colonial Inn y Granada, que durante meses alojaron víctimas remitidas por la Secretaría de Gestión Social del Distrito, es apenas la punta del iceberg. Prestaron alojamiento, alimentación y acompañamiento humano a decenas de familias desplazadas por la violencia, confiando en que el Estado cumpliría su palabra. No lo hizo. Hoy esperan el pago de $73.625.000, (sin meter intereses moratorios) mientras la administración distrital responde con tecnicismos: “no existe contrato”, “el operador es el responsable”.
Una fórmula burocrática que intenta disfrazar la omisión de deberes constitucionales.

El dinero de las víctimas no es del funcionario, es del pueblo

Los recursos destinados a la asistencia humanitaria inmediata provienen del presupuesto de víctimas, aprobado por el Concejo Distrital de Barranquilla dentro del Plan de Acción Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo del Distrito. Dichos fondos, según la Ley 1448 de 2011 y la reciente Ley 2421 de 2024, están protegidos por mandato legal para garantizar alojamiento, alimentación y condiciones dignas a las personas víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, en el Distrito de Barranquilla hay actualmente más de 200 personas víctimas de los años 2023, 2024 y 2025 que no han recibido la asistencia humanitaria inmediata a la que tienen derecho. La pregunta es obligada:
¿quién maneja estos recursos y bajo qué criterio se decide no entregarlos?

La Secretaría de Gestión Social, a cargo del funcionario Ismael Marín Daza, administra gran parte de ese presupuesto. Pero los hechos demuestran una cadena de omisiones, demoras y presuntas irregularidades que han terminado por vulnerar la dignidad humana de las víctimas y poner en entredicho la transparencia del manejo de los dineros públicos.

Violación directa a la Constitución y a la Ley de Víctimas

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que el respeto a la dignidad humana es el fundamento del Estado Social de Derecho.
La Ley 1448 de 2011, en su artículo 47, ordena que la atención humanitaria inmediata debe brindarse de manera oportuna, sin discriminación y con prioridad para quienes están en situación de vulnerabilidad extrema.

La Corte Constitucional, en el Auto 331 de 2019, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, fue contundente:

“No pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas. Los entes territoriales son responsables de garantizar la continuidad y calidad de los programas de asistencia.”

Al incumplir esta obligación, la administración distrital incurre en lo que la misma Corte califica como un retroceso inadmisible en materia de derechos fundamentales. El Distrito de Barranquilla, con su negligencia, viola flagrantemente la Constitución y la Ley de Víctimas, afectando la dignidad de quienes ya fueron golpeados por la violencia.

Presupuesto con destino torcido

El presupuesto para las víctimas no es discrecional. Cada año se aprueba con objetivos específicos y debe ser ejecutado bajo los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Sin embargo, en Barranquilla ese presupuesto parece diluirse entre secretarías, burocracia y silencio institucional.

Fuentes cercanas al Comité de Seguimiento de Víctimas del Distrito confirman que las secretarías de Gobierno, Deporte y Gestión Social manejan recursos con destino a la población víctima, pero sin coordinación real, sin control social y sin rendición pública de cuentas.
En la práctica, los dineros de la reparación y asistencia terminan desviándose hacia programas de impacto mediático, dejando sin atención directa a quienes más lo necesitan.

Esto, en términos jurídicos, podría configurarse como una afectación grave al principio de destinación específica de recursos públicos y una violación de derechos humanos.
Más aún, al tratarse de dineros provenientes del presupuesto nacional para víctimas, su uso indebido o retención injustificada puede implicar responsabilidad penal y disciplinaria para los funcionarios encargados.

La omisión como una forma de violencia

Negar el pago a quienes prestaron los servicios de alojamiento y atención a víctimas —como los hoteles Colonial Inn y Granada—, o demorar indefinidamente la entrega de asistencia humanitaria a más de 200 personas, no es un acto administrativo inofensivo: es una forma de violencia institucional.
Una violencia más sutil, pero igual de destructiva que la ejercida por los grupos armados, porque ataca la esperanza y la dignidad de quienes confiaron en el Estado.

La Corte Constitucional ha advertido en múltiples pronunciamientos que la inacción administrativa en materia de víctimas revictimiza y agrava la exclusión social.
Y eso es precisamente lo que ocurre en Barranquilla: una gestión social que, en lugar de reparar, posterga; que, en lugar de cumplir, promete; y que, en lugar de atender, administra el dolor con cálculo político.

Más perversos que los victimarios

Resulta paradójico que un gobierno que se presenta como ejemplo de gestión social termine reproduciendo el mismo patrón de despojo que las víctimas intentan superar.
Negar la asistencia humanitaria, omitir pagos a prestadores y desviar recursos destinados a la reparación es, en términos éticos y sociales, más perverso que cualquier desplazamiento armado, porque se comete desde el poder, con conocimiento y bajo el amparo de la ley.

Las víctimas del conflicto en Barranquilla hoy son víctimas por partida doble: primero del abandono de la guerra, y ahora del abandono institucional de una administración que les niega los derechos reconocidos por la Constitución.

Conclusión: la deuda del Estado con su propia palabra

El Distrito de Barranquilla y su Secretaría de Gestión Social tienen una deuda que va más allá de los $73 millones impagos a los hoteles.
Tienen una deuda moral y jurídica con las víctimas, con la justicia y con la verdad.
Los recursos de asistencia humanitaria no son del funcionario de turno, son de las víctimas; y su uso indebido o su retención es una forma moderna de despojo institucional.

El Auto 331 de 2019 lo dice con claridad: no pueden existir retrocesos en la política pública de atención a víctimas.
Hoy, Barranquilla encarna ese retroceso.
Y mientras la burocracia se escuda en los tecnicismos, las víctimas siguen esperando un auxilio que la ley ya les concedió, pero que la ineficiencia y la corrupción les arrebatan.

El silencio institucional, la dilación y la falta de rendición de cuentas hacen que el discurso de reparación se desvanezca. ¿Que pronunciamiento tiene la mesa distrital de victimas con este y otros casos?
En esta ciudad que presume de eficiencia, la Secretaría de Gestión Social parece haberse convertido en el mayor obstáculo para la justicia y la dignidad de las víctimas.

Y esa omisión, revestida de legalidad, es la forma más cruel de impunidad.