Durante 4 años, el periodo de gobierno de Gustavo Petro en Colombia, el Sistema de Medios Públicos: Señal Colombia y la Radio Nacional de Colombia, dedicó sus espacios de programación a programas de corte izquierdista sin tener en cuenta los conceptos de otros sectores de la poblacion; excluyeron a productores librepensadores de centro y derecha; inclusive tomaron proyectos ajenos y los hicieron como suyos a su propia conveniencia.

Bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella, la televisión pública de Colombia debe dejar atrás la polarización ideológica para abrir paso a un modelo pluralista y verdaderamente incluyente.

La propuesta para renombrar a la entidad como Señal Colombia: «La Televisión de la Patria Milagro» busca consolidar un espacio cultural y informativo donde todas las corrientes de pensamiento —centro, derecha, izquierda y librepensadores— participen en pie de igualdad, garantizando la equidad democrática y el respeto por la pluralidad nacional.

En una propuesta  de Democratización en un proceso de renombramiento oficial, se propone adoptar el nombre Señal Colombia: «La Televisión de la Patria Milagro» para simbolizar el renacimiento institucional y la unidad de la nación bajo principios de libertad.

Este pensamiento de pluralismo  garantizado debe establecer por estatuto una programación equilibrada que incluya la voz y el criterio de sectores de centro, derecha y demócratas tradicionalmente excluidos.

Desde convocatorias abiertas y transparentes, dar aperturas a licitaciones y espacios a productores independientes y librepensadores de todo el espectro político nacional sin vetos ideológicos.

Debe haber, sin menoscabo de la
Libre Expresión  auditoría de contenidos desde la producción, la participación de veedurías ciudadanas independientes que vigilen el uso neutral y objetivo de los recursos y pantallas públicas del Estado.

Respeto a la propiedad intelectual: Establecer normas estrictas para prohibir la apropiación indebida de proyectos ajenos y reconocer la autoría de creadores externos.Formación y valores:

Fomentar contenidos educativos orientados al mérito, el emprendimiento, la familia y la defensa de la institucionalidad colombiana.

Como fin primordial, despolitizar la línea editorial para transformar el canal en un foro plural que refleje la diversidad real de la sociedad colombiana.

Proyectar los valores, la reconstrucción de los valores, como la cultura, la música  nacional, la historia y las narrativas de una verdadera Patria Milagro.

TEMA/
SEÑAL COLOMBIA
LA TELEVISIÓN DE LA PATRIA MILAGRO
OPINIÓN 
ESCRIBE: CARLOS ROJAS
PRODUCTOR DE TELEVISIÓN 
EDITOR PRENSA CARIBE PUNTO COM
BARRANQUILLA
contacto@prensacaribe.com
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS
													

Gustavo Petro llegó al poder en 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia. No llegó como un advenedizo: durante dos décadas había hecho carrera señalando con el dedo la corrupción ajena, destapando escándalos como la parapolítica y el carrusel de la contratación en Bogotá. Ese historial de denunciante lo convirtió en el líder que finalmente rompió el cerco de la derecha.

Cuatro años después, el balance es desolador. No para el país solamente—para el movimiento que lo llevó al poder.

El primer gobierno de izquierda en Colombia no será recordado por sus reformas estructurales ni por la «potencia mundial de la vida» que prometió. Será recordado como el gobierno que demostró que la izquierda, cuando llega al poder, puede ser tan corrupta, tan improvisada y tan decepcionante como cualquier otro. Y esa lección, en un país de tradición conservadora, puede tardar décadas en ser olvidada.

El predicador de la transparencia, sepultado por sus propios escándalos

La promesa de campaña más grave que Petro incumplió fue precisamente la que lo había distinguido del resto: tener un gobierno sin corrupción. No es una opinión; es un dato. El Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, publicado por Transparencia Internacional, otorgó a Colombia 37 puntos sobre 100, una caída de siete posiciones en el ranking global en un solo año. El país pasó de su mejor puntaje en una década (40 puntos en 2023) a una tendencia descendente sostenida. El cierre del gobierno de Petro dejó un «balance desfavorable en materia de percepción de la corrupción».

No es difícil entender por qué. El escándalo de la UNGRD, con 46.800 millones de pesos desviados para la compra de camiones cisterna y sobornos a congresistas, salpicó a dos exministros—Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco—que terminaron capturados. El caso Nicolás Petro, el hijo del presidente, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, puso la podredumbre dentro de la propia casa presidencial. El escándalo de Juliana Guerrero, la joven de 23 años sin título universitario que Petro presentó en consejo de ministros como futura viceministra y que luego fue señalada de cobrar comisiones por contratos, mostró hasta qué punto el criterio para nombrar funcionarios era la lealtad, no la idoneidad.

El Colombiano documentó al menos 24 escándalos durante el gobierno. Infobae reportó que en una sola semana de noviembre de 2025 Petro enfrentó «corrupción, infiltración y sanciones» que sacudieron su gobierno. Y a días de entregar el poder, la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunció que Petro la presionó a renunciar tras frenar una maniobra para desviar más de 1,2 billones de pesos.

El hombre que hizo carrera apuntando el dedo contra la corrupción ajena termina su mandato viendo cómo su propio gobierno queda «salpicado por una serie de escándalos que afectan a algunas de las personas más cercanas a él, y que no dan tregua ni siquiera en esta recta final». La perfidia no está solo en los actos de sus funcionarios. Está en la distancia abismal entre el predicador de la transparencia y el presidente que permitió que su entorno convirtiera el Estado en una oficina de contratos a dedo.

Las reformas que no llegaron y la izquierda que se fragmentó

Petro prometió desmontar el neoliberalismo. Prometió una reforma agraria profunda. Prometió la paz total. Prometió transformar el país de raíz.

El balance, presentado por El País a días de finalizar su mandato, es despiadado: aunque logró cumplir al menos tres de sus principales promesas—la reducción de la pobreza al 28%, el nivel más bajo en la historia, y el aumento del salario mínimo—»otras quedaron a medio camino y algunas fueron un fracaso definitivo». La reforma agraria no se cumplió como prometió en campaña. La paz total fue calificada incluso por Roy Barreras, uno de los suyos, como un fracaso: «El método con el que se hizo la buena idea de la paz total fracasó».

Pero el daño más profundo no está en las reformas incumplidas. Está en lo que Petro le hizo a la izquierda colombiana como proyecto político.

Durante décadas, la izquierda en Colombia fue sinónimo de oposición, de denuncia, de la lucha contra un establishment excluyente. Petro encarnaba esa lucha. Pero gobernar no es lo mismo que denunciar. Y Petro gobernó con la misma lógica del denunciante: señalando a todos, confiando en pocos, quemando aliados a una velocidad que dejó al gobierno con un «círculo de confianza reducido y en tensión». En sus últimos meses, Petro parecía «cada vez más solo en su apuesta de realizar los cambios que prometió en 2022».

Esa soledad no fue casualidad. Fue el resultado de un estilo de gobierno que priorizó la lealtad personal sobre la capacidad, la confrontación sobre la construcción de acuerdos y el discurso sobre la gestión. Los ministros pasaron como agua: 59 en tres años, muchos de ellos saliendo por escándalos o por diferencias irreconciliables con un presidente que, según sus propios colaboradores, los acusaba de «tener una doble agenda, incumplir gran parte de sus promesas y fallar al pueblo».

El legado: una izquierda desprestigiada para una generación

El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella, un candidato de ultraderecha, asumió la presidencia. La izquierda perdió las elecciones presidenciales, aunque por poco: Iván Cepeda sumó más de 12,7 millones de votos. Pero perder no es el problema. El problema es cómo se perdió.

Petro no fue derrotado por la derecha. Fue derrotado por sus propios escándalos, por su incapacidad para gobernar y por la percepción—fundamentada en hechos—de que su gobierno fue sinónimo de improvisación, corrupción y desgaste. La izquierda que él representaba no quedó fortalecida por haber gobernado; quedó debilitada, estigmatizada, asociada en la mente de millones de colombianos no con el cambio que prometió, sino con el caos que dejó.

Hay quienes dirán que el balance no es tan sombrío: la pobreza disminuyó, el desempleo cayó, el salario mínimo subió. Y es cierto. Pero esos logros, que podrían haber sido la base de un proyecto de izquierda durable, quedaron enterrados bajo el peso de los escándalos. La percepción de corrupción no miente: Colombia cayó en el ranking global. La confianza institucional se erosionó. Y el movimiento que llevó a Petro al poder—el Pacto Histórico—terminó fragmentado, debilitado por el Consejo Nacional Electoral y en vías de desintegración.

La perfidia de Gustavo Petro no es solo la de un presidente que prometió transparencia y entregó escándalos. Es la de un líder que tuvo en sus manos la oportunidad histórica de construir una izquierda gobernante en Colombia y la desperdició. No por mala fe, quizás, sino por soberbia, por inexperiencia, por la arrogancia de creer que denunciar era lo mismo que gobernar.

Y esa perfidia, la de haber convertido la primera presidencia de izquierda en un ejemplo de lo que no debe hacerse, es la que condenará al movimiento progresista colombiano a años de desconfianza y derrota. La izquierda que Petro prometió construir queda hoy, como el Ministerio de la Igualdad que él mismo creó y vio liquidar, como un «estrepitoso naufragio». Una ilusión que se desvaneció entre promesas incumplidas, ministros capturados y un país que, al final, prefirió la derecha antes que seguir creyendo en el profeta que se convirtió en su propio anti-testimonio.

Mientras el Gobierno Nacional destaca los primeros resultados del programa Colombia Solar en Barranquilla, donde hogares beneficiarios registran reducciones significativas en sus facturas de energía, el país se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos para el sistema eléctrico en los últimos años: la llegada de un fenómeno de El Niño que el propio Ideam proyecta con una alta probabilidad de convertirse en uno de los más intensos desde 1950.

A partir del 30 de julio comenzará el mantenimiento programado de la planta regasificadora SPEC, infraestructura estratégica para el suministro de gas que alimenta parte importante de la generación térmica del país. Ante este escenario, el Ministerio de Minas y Energía ha expedido resoluciones, creado un comité especial y asegura haber estructurado más de 50 acciones para proteger la seguridad energética nacional.

Sin embargo, más allá de los anuncios institucionales, surge una pregunta que hoy millones de colombianos tienen derecho a conocer:

¿Existe un plan de contingencia claro, público y comprensible para enfrentar un eventual escenario crítico?

Hasta el momento, el Gobierno ha explicado las medidas regulatorias y de coordinación que adelanta, pero no ha presentado un documento público que detalle cómo actuaría el país si coinciden bajos niveles de embalses, dificultades en el suministro de gas y un incremento de la demanda eléctrica.

Ministerio de Minas y Energía
Incluso, en las últimas horas el ministro de Minas, Edwin Palma, planteó la posibilidad de implementar temporalmente teletrabajo y estudio en casa como mecanismo para reducir el consumo de energía durante los días más sensibles del mantenimiento de SPEC. La propuesta evidencia que el Gobierno está tomando precauciones extraordinarias frente a un escenario que considera delicado.

Al mismo tiempo, el Ideam advirtió que existe una probabilidad superior al 97 % de que las condiciones de El Niño persistan hasta 2027 y un 81 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de este año.

En este contexto, el debate nacional no debería centrarse únicamente en si habrá o no un apagón. La verdadera discusión es si el país conoce con suficiente transparencia cómo responderá el Estado ante un escenario adverso.

Preguntas que esperan respuesta

Desde El Popular consideramos que estas son algunas de las preguntas que el Ministerio de Minas y Energía debería responder públicamente:

• ¿Puede garantizar el Gobierno que no habrá racionamientos de energía durante el fenómeno de El Niño?
  
• ¿Dónde puede consultar la ciudadanía el plan nacional de contingencia?
  
• ¿Qué protocolos existen para hospitales, acueductos, industrias y servicios esenciales si se presenta una reducción en la oferta energética?
  
• ¿Qué ocurrirá entre el 30 de julio y el 3 de agosto si durante el mantenimiento de SPEC se presenta una contingencia adicional?
  
• ¿Cuál será el aporte real de programas como Colombia Solar a la estabilidad del sistema eléctrico nacional en el corto plazo?
• ¿Qué indicadores determinarán si el riesgo aumenta?
• ¿Qué enseñanzas dejó la crisis energética del Caribe y cómo se están aplicando para evitar nuevos episodios de inestabilidad?

Estas preguntas no buscan generar alarma, sino fortalecer la confianza ciudadana mediante información clara y verificable.

La transición energética no solo se mide por la instalación de paneles solares o por la reducción de las facturas de algunos hogares. Su mayor prueba será demostrar que Colombia puede enfrentar un fenómeno climático extremo garantizando un servicio continuo, confiable y transparente para todos los ciudadanos.

Porque la seguridad energética no se construye únicamente con anuncios; también se fortalece con información oportuna, planificación pública y rendición de cuentas. Ese es el debate que hoy merece el país.