La noche del vendaval y la mañana de los gases

El cielo sobre Manga de Pital se desgarró primero con viento. Era la noche del 13 de agosto de 2024 —cuentan los vecinos— cuando un vendaval arrancó techos de zinc y plástico, empapó colchones y dejó a familias enteras refugiándose entre la humedad y el barro. Los niños lloraban. Las mujeres cargaban lo poco que les quedaba. Nadie llegó.

—Ni la Unidad de Riesgo, ni la alcaldía, ni nadie —dice Leicy Torrenegra Vega, líder del asentamiento, mientras señala las calles de tierra donde hoy viven cerca de 40 familias.

A la mañana siguiente, antes de que pudieran clavar una tabla para reparar lo destruido, llegó la fuerza pública. Un desalojo con gases lacrimógenos, máquinas que demolían y una estampida humana. En medio del caos, una mujer de tres meses de embarazo cayó al suelo. La multitud que huía de los gases le pasó por encima.

—Perdió al bebé —dice Torrenegra, con la voz quebrada—. Tenemos las historias clínicas.

La administración municipal del alcalde de Galapa no menciona este episodio en ninguna de sus declaraciones públicas. Cuando se le pregunta a Adriana Marcela Gómez de la Cruz, profesional universitario encargada de la defensa judicial del municipio, ella habla de «mesas de diálogo», «estudios de viabilidad» y «ofertas institucionales». Nunca de gases. Nunca de un bebé muerto.

La sentencia que la comunidad celebraba y la alcaldía reinterpreta

El 7 de noviembre de 2024 —según los documentos que reposan en el Tribunal Superior de Barranquilla— se dictó un fallo de tutela que amparaba el derecho a la vivienda digna de 16 personas accionantes en Manga de Pital. La orden era clara en apariencia: suspender el desalojo, garantizar albergue temporal a quienes cumplieran los requisitos, y caracterizar a toda la población vulnerable del asentamiento.

—Cuando vimos la sentencia nos alegramos muchísimo —recuerda Torrenegra—. Pero la respuesta de esa sentencia fue otro desalojo.

Tres años después, según la comunidad, ninguno de los numerales se ha cumplido. La alcaldía dice exactamente lo contrario.

Adriana Marcela Gómez, en la entrevista concedida a El Popular, sostiene que el municipio ha actuado «de buena fe» y que la orden judicial no les exige entregar viviendas, sino garantizar el acceso a programas habitacionales. Aclara además que el fallo solo cobija a 10 personas —no 16, como afirma la comunidad— y que el resto de los ocupantes no han permitido ser caracterizados.

—Nos hemos sentado en varias mesas de trabajo —dice la funcionaria—. Tenemos todas las actas, toda la evidencia documental y fotográfica.

La pregunta que surge es inevitable: si hay actas y evidencias, ¿por qué la comunidad sostiene lo contrario con videos propios?

La caracterización que nunca ocurrió: versiones enfrentadas

Versión de la alcaldía: El municipio ha intentado en tres ocasiones caracterizar a la comunidad, pero los habitantes se han negado sistemáticamente. La última vez fue en febrero de 2025, con la notificación correspondiente mediante aviso emplazatorio colocado en un lugar visible del inmueble con 48 horas de antelación. La funcionaria insiste: «No estamos obligados a notificar por correo electrónico».

Versión de la comunidad: La alcaldía debía realizar la caracterización en 2024. Nunca lo hizo. Cuando finalmente intentaron hacerlo, fue un domingo sin previo aviso, bajo la lluvia. La última notificación fue un cartel pegado en un árbol —no en un poste, en un árbol— sin fecha, sin hora, sin firma de la funcionaria responsable.

—Es una notificación nula —dice Torrenegra—. Nosotros les suministramos un correo electrónico para que nos avisaran con tres días hábiles. Nunca lo usaron.

La comunidad asegura que no se ha negado a la caracterización. Piden, eso sí, que se haga con los protocolos adecuados: notificación formal, presencia de la Unidad de Víctimas (que nunca ha pisado el asentamiento, según denuncian), y respeto por sus tiempos laborales. La líder comunitaria exhibe la contradicción con una pregunta simple:

—Si ellos quieren realmente ayudarnos, ¿por qué tienen que hacer las cosas como ellos quieren, para su beneficio propio, y no para el beneficio de la comunidad?

Las ayudas que la alcaldía dice haber entregado y la comunidad dice no haber recibido

La funcionaria municipal afirma que se han garantizado albergues temporales y ayudas económicas para «aproximadamente 10 familias». También menciona que durante los intentos de desalojo se dispuso de camiones para que los ocupantes pudieran trasladar sus pertenencias.

La comunidad responde con una lista de ausencias:

• Alimentación: «Nunca han venido a ofrecernos ninguna clase de alimentación. Ninguna».
• Ayudas post-vendaval: «Ni siquiera la Unidad de Riesgo vino a ver cuánto había sido el daño».
• Apoyo a emprendimientos o mercados: «Jamás».
• Oferta de reubicación: «Ellos dicen que nos dan 500 mil pesos para que busquemos un arriendo. ¿Qué arriendo cuesta 500 mil pesos ahora?».

Sobre los camiones que menciona la alcaldía, Torrenegra no lo niega, pero relativiza su utilidad en un contexto donde lo que se necesita no es transporte sino un techo digno.

La Personería, la Defensoría y la Unidad de Víctimas: los ausentes con voz

Uno de los hallazgos más inquietantes de esta investigación es el papel —o la ausencia de papel— de las entidades que deberían proteger a esta población en condición de vulnerabilidad.

La Personería: Según la comunidad, durante el segundo desalojo —el que ocurrió después del vendaval— la personera municipal se negó a intervenir para impedir que las máquinas entraran a destruir las viviendas.

—La correteamos, tenemos video de eso —denuncia Torrenegra—. Le pedíamos que hablara con el inspector para que las máquinas no entraran, que necesitábamos sacar nuestras cosas. Ella decía que ya no podía, que eso ya no le correspondía.

La Unidad de Víctimas: El fallo judicial le ordena expresamente determinar si los accionantes cuentan o no con recursos para su vivienda, y si reciben subsidios. Sin embargo, la comunidad asegura que esta entidad nunca ha visitado Manga de Pital. La información que la alcaldía dice tener sobre las víctimas —y que usó para afirmar que algunas ya tienen subsidios de mejoramiento de vivienda— fue suministrada por el abogado de la comunidad, no recogida en terreno.

—Ellos nos dicen que aparecemos en la base de datos con ayudas —explica Torrenegra—. Pero nosotros nunca hemos recibido nada. Esa información no es una caracterización, es solo lo que el abogado les pasó.

La Defensoría del Pueblo: En el primer desalojo, según la líder comunitaria, tampoco estuvo presente.

¿Cumplimiento o simulación? Las fracturas del relato oficial

La alcaldía sostiene que ha cumplido «en su mayoría» con el fallo. La funcionaria es precisa: el municipio ya hizo el estudio de necesidades de los 10 accionantes (no 16), suspendió los desalojos mientras se cumplen condiciones, y está a la espera de que la comunidad permita la caracterización del resto.

Pero los hechos documentados por la comunidad —en video, según afirman— dibujan otro mapa:

1. Los desalojos no se han suspendido: Hubo al menos dos, uno de ellos violento, con consecuencias físicas documentadas (la pérdida del embarazo).
2. La caracterización forzada no es caracterización: Un aviso sin fecha ni firma pegado en un árbol no constituye una notificación válida, especialmente cuando la comunidad ha ofrecido un medio alternativo (correo electrónico) que la administración ha ignorado.
3. Las ayudas no llegan: Los albergues temporales y las ayudas económicas que menciona la alcaldía no son reconocidas por la comunidad como soluciones reales.

La propia funcionaria municipal introduce una frase que podría leerse como un reconocimiento indirecto de la tensión:

«Puede que muchas personas hayan sido desinformadas respecto de este proceso y en su imaginario tengan la idea de que le dieron la orden al municipio de darles sus casas.»

Pero la comunidad no está reclamando «casas gratis». Está reclamando que se cumpla una sentencia judicial que ordena, como mínimo, detener los desalojos violentos y caracterizar adecuadamente a una población que incluye al menos 87 niños, 10 adultos mayores, mujeres embarazadas, indígenas, afrocolombianos y migrantes víctimas del conflicto armado.

Preguntas que quedan abiertas para una segunda fase investigativa

La contradicción entre la versión oficial y los testimonios comunitarios no puede resolverse con una sola entrega periodística. Se requiere una investigación más profunda que responda, al menos, a las siguientes preguntas:

1. Al Juzgado 13 Laboral (o el despacho que lleve el caso): ¿Ha recibido el juzgado evidencia de los desalojos violentos denunciados por la comunidad? ¿Se han presentado incidentes de desacato por parte de los accionantes? ¿Qué seguimiento ha hecho el despacho al cumplimiento de cada numeral de la sentencia?
2. A la Personería Municipal de Galapa: ¿Por qué la comunidad denuncia que la personera se negó a intervenir durante el segundo desalojo? ¿Existe un registro de las actuaciones de la Personería en este caso? ¿Se han presentado quejas formales contra el actuar de esta entidad?
3. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas: ¿Es cierto que nunca han visitado Manga de Pital? ¿Cómo explican la contradicción entre su base de datos —que según la alcaldía registra subsidios de vivienda para algunas familias— y la declaración jurada de esas familias de que nunca han recibido dichas ayudas? ¿Por qué no han respondido los oficios reiterados que la alcaldía dice haberles enviado?
4. A la Defensoría del Pueblo: ¿Por qué no estuvieron presentes en ninguno de los dos desalojos, según el testimonio comunitario? ¿Han recibido peticiones de acompañamiento por parte de los habitantes de Manga de Pital?
5. A la Alcaldía de Galapa: Si las actas de las mesas de trabajo existen, ¿por qué no se han socializado con la comunidad? ¿Cuál es la diferencia entre el número de accionantes que maneja el municipio (10) y el que maneja la comunidad (16)? ¿Quién tiene la razón? ¿Puede la administración municipal hacer públicas las notificaciones de caracterización —incluyendo el aviso emplazatorio sin fecha ni firma— para que un medio independiente las evalúe?
6. A la comunidad de Manga de Pital: ¿Están dispuestos a poner a disposición de este medio los videos que documentan la actuación de la Personería, el cartel sin fecha y el desalojo con gases lacrimógenos? ¿Han instaurado acciones legales por la pérdida del embarazo ocurrida durante el primer desalojo?

Epílogo: la dignidad que no desalojan

Leicy Torrenegra camina entre las casas de madera y plástico de Manga de Pital. Detrás de ella, un niño juega con un palo en el barro. Más allá, una mujer lava ropa en una pila comunitaria. El vendaval pasó hace meses. Los desalojos también. Pero la sentencia sigue ahí, en un papel, esperando.

—No pedimos mucho —dice la líder, con una calma que duele—. Solo que nos ayuden. Que nos devuelvan la dignidad.

La pregunta que esta investigación deja flotando en el aire es simple y devastadora: ¿cuántas sentencias más tendrán que escribir los jueces antes de que las palabras «vivienda digna» dejen de ser un enunciado jurídico y se conviertan en un techo de concreto?