La supervisión institucional, la articulación comunitaria y el seguimiento permanente permitieron llevar a buen término el convenio, incluso tras una suspensión preventiva en julio.

El desarrollo del Convenio 921-FIP-2024 se consolida como una experiencia positiva y significativa de articulación institucional, trabajo comunitario y compromiso social en territorios históricamente afectados por múltiples dificultades estructurales. Su ejecución demuestra que, aun en contextos complejos, es posible alcanzar resultados concretos cuando confluyen la voluntad, la solidaridad y el respeto por las comunidades.

De acuerdo con la información oficial y los soportes documentales del proceso, el convenio se ejecutó bajo parámetros de legalidad, transparencia y estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que lideró y supervisó el desarrollo del mismo

Uno de los aspectos más destacados del convenio fue la capacidad de gestión y articulación del operador, así como la disposición solidaria de proveedores y contratistas, quienes comprendieron la importancia social del proyecto y aunaron esfuerzos para llevarlo a buen término. Así lo expresó el supervisor del DPS en comunicación telefónica sostenida con El Popular, al resaltar que este contrato se convirtió en una experiencia “importante y bonita”, marcada por la colaboración y el compromiso colectivo.

La ejecución del Convenio 921-FIP-2024 no estuvo exenta de retos. La geografía del territorio, las condiciones de acceso, la dispersión de las comunidades y las dinámicas propias de zonas con alta complejidad social representaron desafíos permanentes. Sin embargo, estos obstáculos fueron superados de manera responsable y positiva, priorizando siempre el bienestar de las comunidades beneficiarias.

Gracias a este esfuerzo conjunto, más de 600 familias de los territorios priorizados lograron acceder a los beneficios contemplados en el convenio, impactando de manera directa su calidad de vida y fortaleciendo los procesos comunitarios desde un enfoque diferencial y de respeto por la autonomía de los pueblos.

Cabe resaltar que, conforme a la documentación oficial, el proceso se desarrolló sin observaciones ni hallazgos por parte de los organismos de control, y no registra investigaciones ni cuestionamientos administrativos, lo que ratifica la correcta ejecución del convenio y la idoneidad de los actores involucrados

Suspensión temporal y recomposición del proceso

Como parte de los mecanismos de control y vigilancia, el convenio tuvo una suspensión temporal en julio de 2025, decisión adoptada de manera preventiva y debatida en los comités técnicos correspondientes. Tras la revisión técnica y jurídica, y con acompañamiento institucional, no se evidenciaron irregularidades, por lo cual las actividades fueron reanudadas, permitiendo la continuidad normal del proyecto.

Incluso, una visita administrativa de la Personería Municipal de Bagadó concluyó que el operador dio cumplimiento a los requerimientos efectuados, sin que se evidenciaran irregularidades en los aspectos verificados, fortaleciendo así la confianza en la ejecución del convenio.

Pronunciamiento oficial de la Personería Municipal de Bagadó

En el marco de este seguimiento institucional, y tras la suspensión temporal del convenio en julio de 2025 como medida preventiva, se realizó una visita administrativa al territorio con acompañamiento de los entes de control. Como resultado de esta verificación, la Personería Municipal de Bagadó emitió un pronunciamiento oficial en el que concluye que, luego de revisar los aspectos correspondientes, no se evidenciaron irregularidades en la ejecución del Convenio 921-FIP-2024, lo que permitió la reanudación de las actividades y la continuidad normal del proceso bajo supervisión del DPS.

“La Personería Municipal de Bagadó concluye que, conforme a lo evidenciado en la presente visita administrativa, la Asociación ASOREWA ha dado cumplimiento a los requerimientos efectuados (…), sin que se evidencien irregularidades a la fecha de la visita en el aspecto verificado.”

Personería Municipal de Bagadó
Acta de visita administrativa – Convenio 921-FIP-2024

Ampliación del plazo y etapa final

En la más reciente comunicación sostenida entre El Popular y el supervisor del DPS, se informó que el convenio cuenta con una ampliación del plazo hasta el 27 de febrero, a la espera de la entrega y revisión de los informes finales, requisito necesario para el feliz término del proceso y la autorización del último pago correspondiente.

Este cierre administrativo hace parte del procedimiento regular de supervisión y garantiza que los recursos públicos se desembolsen únicamente una vez se verifique el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.

Seguimiento periodístico permanente

Desde el inicio del convenio, El Popular ha realizado un monitoreo constante y riguroso del proceso, recibiendo comunicaciones oficiales y respuestas formales tanto del operador como de Prosperidad Social, en ejercicio del derecho ciudadano a la información y del control social que corresponde a los medios de comunicación.

En ese mismo sentido, El Popular continuará atento a la finalización y cierre de este convenio, cuyo alcance impacta de manera directa la vida y la dignidad de comunidades de la Colombia profunda. El medio hará seguimiento especial a la revisión de los informes finales, al cumplimiento de los compromisos establecidos y a la verificación de su impacto real en el territorio, mediante la recolección de testimonios de las comunidades beneficiarias que permitan dimensionar cómo este proceso incidió en su calidad de vida, con la expectativa de que este tipo de iniciativas tengan continuidad en el marco del próximo gobierno.

La información oficial recibida ratifica que la selección del operador se realizó bajo la modalidad de contratación con enfoque diferencial, amparada en criterios objetivos de idoneidad y capacidad territorial. Asimismo, se confirma que la totalidad del expediente contractual se encuentra publicado y disponible en la plataforma SECOP II, garantizando la transparencia del proceso y el acceso público a la información.

Un balance favorable

El Convenio 921-FIP-2024 deja un balance favorable no solo por el número de familias beneficiadas, sino por demostrar que, aun en contextos complejos, la articulación entre el Estado, las organizaciones comunitarias y los actores locales puede traducirse en resultados positivos, verificables y socialmente transformadores.

En Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, o más bien la ventana del mundo, siempre se ha enorgullecido de su espíritu abierto, alegre y hospitalario. La ciudad ha recibido a inmigrantes, empresarios, turistas y soñadores con el mismo calor que emana del asfalto y del alma costeña.
Pero esa calidez parece enfriarse cuando los que llegan no vienen en cruceros ni con itinerarios turísticos, sino huyendo del conflicto armado. Son hombres y mujeres desplazados, con sus hijos al hombro y la memoria cargada de ausencias, que llegan a esta tierra buscando empezar de nuevo.

Sin embargo, esa nueva vida, que debería encontrar cobijo en la institucionalidad, suele enredarse en papeles, sellos y promesas. Las puertas de las oficinas se abren con discursos y se cierran con excusas.

Esta crónica, sin embargo, no se centra solo en las víctimas que huyen de la guerra, sino en las otras víctimas: aquellas que, con esfuerzo, humanidad y sentido social, le prestan al Estado un servicio que el Estado mismo no cumple a tiempo. Son los hoteles Colonial Inn y Granada, piezas clave del Programa de Ayuda Humanitaria Inmediata a las Víctimas del Conflicto Armado, adscrito a la Secretaría de Gestión Social del Distrito de Barranquilla.

Todo ocurre bajo la administración de Alejandro Char Chaljub, quien, según la encuesta Guarumo-Ecoanalítica, fue elegido por los ciudadanos como el mejor alcalde de Colombia en 2025, con un respaldo del 85,4 %.
Pero detrás de los titulares de éxito y los videos institucionales de sonrisas y aplausos, se esconde una historia que contradice el discurso. Una historia donde la burocracia se convierte en una capa que oculta la realidad de quienes hicieron posible esos logros: los prestadores que no fueron pagados.

El origen del reclamo

Entre febrero y mayo de 2024, los hoteles Colonial Inn y Granada alojaron a dieciocho víctimas del conflicto armado, remitidas directamente por funcionarios del Distrito para recibir asistencia humanitaria inmediata.
El servicio incluía alojamiento, alimentación, lavandería y kits de aseo, y fue prestado sin interrupciones ni quejas. Las habitaciones se llenaron de familias que llegaban con miedo y partían con un poco de esperanza.

Los administradores presentaron sus cuentas de cobro, debidamente soportadas, por un valor total de $73.625.000 pesos. La deuda parecía cuestión de días. Las comunicaciones con el supervisor del contrato, Camilo de Castro Chapman, fluían con naturalidad. “La próxima semana sale”, decía él, y los hoteles seguían confiando, convencidos de que la palabra de un funcionario era suficiente.

Pero las semanas se volvieron meses, y las promesas se convirtieron en una letanía repetida con distintas excusas: “el operador no ha recibido los recursos”, “estamos cerrando la vigencia fiscal”, “el secretario ya tiene todo”, “esto es cuestión de trámite”.
Cada mensaje, cada cita incumplida, era una nueva estocada al corazón financiero de los hoteles.

El derecho de petición: cuando la paciencia se agota

Cansados de esperar, ambos hoteles, decidieron formalizar su reclamo. El Derecho de Petición —amparado en el artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo— fue dirigido al Alcalde Distrital Alejandro Char Chaljub, con copia a la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.

El documento, de tono respetuoso y técnico, resumía tres años de trabajo conjunto con el Distrito. En él, el hotel alegaba que los servicios fueron prestados a población remitida oficialmente por la Alcaldía, bajo conocimiento y coordinación de la Secretaría de Gestión Social.
Aportó pruebas: listas de beneficiarios, comprobantes de ingreso, cuentas de cobro, y los chats de WhatsApp donde el propio Camilo de Castro reconocía reiteradamente la deuda y aseguraba que el pago estaba en trámite.

“Nosotros hicimos el trabajo que el Estado debía hacer: atender a las víctimas. No pedimos favores, pedimos justicia”, relató un empleado.

La respuesta oficial

El 11 de agosto de 2025, mediante el radicado QUILLA-2025-0179732, la Secretaría Distrital de Gestión Social emitió su respuesta. El documento, firmado digitalmente por el secretario Ismael Enrique Marín Daza, negaba el pago.

“Revisadas las bases de datos de los contratos celebrados por el Distrito se evidencia que no existe contrato suscrito con los Hoteles Colonial y Granada para la operación del Programa de Atención Integral a Víctimas… En consecuencia, el Distrito carece de habilitación legal para pagar las sumas reclamadas.”

Con esas líneas, el Distrito se amparaba en el principio de relatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y trasladaba toda la responsabilidad al operador.
Según la carta, cualquier obligación debía exigirse al contratista privado encargado del programa, no a la administración pública.

Pero el operador anterior nunca formalizó un contrato con el hotel, y el nuevo operador aseguró no tener conocimiento de la deuda.
En esa maraña de responsabilidades cruzadas, los hoteles quedaron en el limbo: sin contrato, sin pago y sin respuesta clara.

El trasfondo jurídico

El caso pone en evidencia una falla estructural en la gestión contractual pública.
De acuerdo con la Ley 80 de 1993, todo contrato estatal debe ser escrito y perfeccionado antes de ejecutarse. Sin embargo, la Ley 1437 de 2011 (artículo 140) y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que, cuando una entidad se beneficia de un servicio y se niega a pagar, puede configurarse un enriquecimiento sin causa o un daño antijurídico que da lugar a indemnización.

La doctrina es clara: si el Estado obtiene un beneficio económico o social —como alojar víctimas remitidas oficialmente— y no compensa al proveedor, incurre en responsabilidad extracontractual del Estado (artículo 90 de la Constitución).

En otras palabras: no puede haber gestión social con facturas impagas.

El silencio cómplice de la burocracia

Si algo deja claro este caso es que la omisión también es una forma de violencia.
Porque no pagar un servicio debidamente prestado —y más aún cuando ese servicio fue brindar techo y dignidad a las víctimas del conflicto armado— no es un simple “retraso administrativo”; es una falla moral, ética y funcional del Estado.

Los funcionarios que dilatan, que prometen sin cumplir y que esconden la cabeza detrás de un correo electrónico o una cadena de excusas, no solo violan los principios de eficiencia y buena fe administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, sino que además traicionan la confianza de los ciudadanos que sostienen, con su esfuerzo, los programas sociales que ellos exhiben como logros en los medios.

En la Alcaldía de Barranquilla, los supervisores de contrato y responsables de la Secretaría de Gestión Social, lejos de honrar el compromiso adquirido con los prestadores del servicio, se convirtieron en toreadores profesionales de la obligación pública: moviendo la capa del “ya casi”, del “el operador no ha recibido los recursos”, del “la otra semana sí sale”.
Mientras tanto, los hoteles —que abrieron sus puertas por humanidad y por confianza institucional— ven cómo su paciencia se desangra junto con su contabilidad.

Pero lo más grave no es solo la falta de pago: es el silencio de los entes de control.
La Personería Distrital, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo fueron notificadas del caso mediante copia del Derecho de Petición. Sabían, por escrito, que existía una posible omisión administrativa, un perjuicio económico, una vulneración de derechos.
Y, sin embargo, no hicieron nada.
No abrieron una investigación preliminar, no emitieron pronunciamiento, ni siquiera enviaron una comunicación formal al peticionario.
Ese silencio, según la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), puede constituir una falta grave por omisión del deber funcional. Pero más allá de la letra fría de la ley, es una forma de complicidad estatal: cuando quienes deben vigilar se cruzan de brazos, se convierten en parte del daño.

La omisión también construye impunidad.
Cuando el Estado deja sin respuesta a los ciudadanos que le sirven, legitima la injusticia y normaliza el abuso de poder.
Los funcionarios que se niegan a asumir responsabilidad, o que se escudan en tecnicismos contractuales, olvidan que detrás de cada factura hay una historia humana. Que los hoteles no cobraban un favor, sino el cumplimiento de un deber del Estado. Que las víctimas que ellos hospedaron son las mismas que los informes de gestión muestran como “atendidas” para justificar presupuestos y estadísticas.

El país se ha acostumbrado a la idea de que las entidades públicas pueden fallar sin consecuencias.
Pero los artículos 26 y 27 de la Ley 1952 de 2019 son claros: retardar, omitir o negar injustificadamente una respuesta constituye falta disciplinaria. Y cuando ese acto se traduce en perjuicio económico o daño moral a terceros, se convierte en una forma de corrupción silenciosa.

Los funcionarios que se esconden detrás del anonimato del cargo olvidan que el poder público no es una trinchera, sino un mandato temporal para servir.
Y cuando no cumplen ese mandato, cuando omiten deliberadamente actuar, se alinean con los intereses de quienes prefieren la opacidad a la transparencia.
Eso —en términos éticos y sociales— es complicidad institucional: un entramado de indiferencia que hiere tanto como la corrupción directa.

El drama de los hoteles Colonial Inn y Granada revela una verdad incómoda: la gestión social del Distrito se sostiene sobre la buena fe de ciudadanos que confían más en la palabra que en los contratos. Y cuando esa palabra se incumple, no solo se destruye una relación comercial; se fractura la confianza entre el Estado y la sociedad.

Cada promesa incumplida, cada mensaje ignorado, cada entidad que calla cuando debería actuar, construye una cadena de negligencia que termina revictimizando a los mismos que un día ayudaron a las víctimas.
Porque aquí, los verdaderos aliados del Estado —los que prestaron techo, comida y humanidad— han sido dejados al borde de la ruina por la inercia de una burocracia que parece incapaz de reconocer su propia deuda moral.

Y así, mientras el alcalde encabeza encuestas y la administración celebra su eficiencia en redes sociales, en los hoteles que un día fueron refugio solo quedan las luces apagadas y las facturas pegadas en la pared.
Allí, donde antes se hablaba de esperanza, hoy se repite una sola pregunta:
¿Quién le pasa la cuenta al Estado cuando el Estado es quien debe pagar?

Detrás del expediente, una historia humana

Más de ochenta familias desplazadas pasaron por los hoteles Colonial Inn y Granada.
Allí encontraron no solo una cama y comida caliente, sino atención y respeto.
“Nos trataron como personas, no como números”, cuenta una mujer que llegó con sus hijos desde el sur de Bolívar.
Ese trato digno, ofrecido con recursos propios, hoy se ve traicionado por una administración que se promociona como ejemplo de gestión social, mientras deja a sus aliados en la incertidumbre.

Epílogo

El caso sigue abierto.
El hotel planea interponer una acción de reparación directa contra el Distrito, con base en las pruebas aportadas y los chats que demuestran la aceptación tácita del servicio.
Mientras tanto, en la fachada del Hotel Colonial, un cartel amarillento anuncia “Bienvenidos”. Debajo, plastificado, cuelga el derecho de petición: prueba de que en Colombia, a veces, la buena fe también se radica con número de entrada.

Barranquilla sigue brillando en las encuestas. Pero detrás de sus cifras de éxito, esta historia recuerda que la grandeza de una administración no se mide en popularidad, sino en cómo cumple sus compromisos con los más pequeños.
Porque cuando un Estado olvida pagar a quienes lo ayudan a atender a las víctimas, termina convirtiendo a sus aliados en nuevas víctimas de su propia burocracia.

Bajo un ambiente de participación y reclamo colectivo se desarrolló el primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas, organizado por la Mesa de Víctimas de Barranquilla, liderada por David García. La jornada reunió delegaciones locales, nacionales e internacionales con un mensaje que se repitió a lo largo del día: solidaridad, resiliencia y unidad.

El acto dio inicio con la presentación de las delegaciones que respondieron al llamado de la Mesa de Víctimas de Barranquilla. Posteriormente, el conferencista y líder Misael Rada ofreció una intervención contundente sobre las debilidades que afrontan las normas y mecanismos que deberían proteger a las víctimas, haciendo énfasis en los vacíos administrativos y jurídicos que dificultan una reparación real.

Un conversatorio participativo y con voz plural

El conversatorio central fue altamente participativo: asistentes, representantes de organizaciones y voceros de mesas de víctimas expusieron experiencias, dudas y propuestas. El ambiente del evento se percibió como profundamente solidario; muchas de las intervenciones giraron en torno a cómo transformar el dolor en memoria activa y cómo fortalecer redes de acompañamiento comunitario.

Invitados internacionales explicaron con detalle los procesos de asilo y refugio aplicables a víctimas que requieren protección fuera del país, y en el panel técnico se despejaron dudas concretas sobre mecanismos de acceso a vivienda, trámites para ayudas y rutas institucionales disponibles. La información práctica que se compartió buscó disminuir la confusión que a menudo acompaña los procesos administrativos y judiciales.

Mensaje al gobierno: apoyo, expectativa y decepción

Una de las líneas más repetidas durante la jornada fue el señalamiento hacia el gobierno nacional: las mesas, aunque apoyaron inicialmente las expectativas sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, dejaron constancia de su inquietud por la falta de respaldo efectivo en los programas de reparación y protección integral de víctimas. El reclamo central es claro: reducir la burocracia, acelerar los procesos de reparación integral y priorizar la salud mental de las víctimas como un eje indispensable de las políticas públicas.

Memoria y paz con las víctimas en el centro de todo

Los organizadores y participantes insistieron en que cualquier proceso de paz debe tener a las víctimas como su eje y referencia. Así lo recordaron al rememorar el compromiso plasmado en actos públicos como los realizados en el Teatro Colón de Bogotá, donde se han llevado a cabo encuentros y firmas vinculadas al posconflicto y a la reclamación de verdad y justicia. Para muchos asistentes, la exigencia es que los acuerdos de paz no queden en el papel y que su implementación priorice la reparación material, simbólica y el acompañamiento psicosocial.

Solidaridad, resiliencia y unidad: más que consignas

Esos tres términos —solidaridad, resiliencia y unidad— no solo fueron consignas del encuentro, sino la descripción del tono que recorrió la sala: relatos de sobrevivientes, propuestas de acciones concretas y compromisos de trabajo conjunto entre mesas locales e internacionales. Los asistentes coincidieron en que, pese a las fallas institucionales, la red ciudadana y el tejido organizativo siguen siendo el sostén para la exigencia de derechos.

Conclusión: urgencia de respuestas y rutas claras

El primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas celebrado en Barranquilla dejó en evidencia algo elemental: existe una voz organizada que demanda respuestas claras y acciones concretas. Las peticiones son nitidas —menos trámites inútiles, más acceso efectivo a vivienda y salud mental, y la centralidad de las víctimas en cualquier agenda de paz— y fueron formuladas frente a las autoridades y la opinión pública para que no queden en el olvido.

La Mesa de Víctimas de Barranquilla, bajo la conducción de David García, se proyecta desde este encuentro como un actor dispuesto a incidir en políticas públicas y a exigir cumplimiento real de los compromisos. El reto ahora es convertir ese clamor colectivo en medidas visibles y sostenibles que reconozcan la dignidad de las víctimas y garanticen su reparación integral.