Víctimas
La apuesta que perdieron las víctimas: radiografía de una justicia que deja prescribir la verdad
Una confesión ante la revista SEMANA revela cómo la red de alias ‘La Gata’ y Salvatore Mancuso habría lavado dinero del narcotráfico mediante casas de apuestas en la Costa Caribe, alimentando un imperio económico ligado a la violencia. El caso reabre el debate sobre por qué esos recursos, hoy identificados e incluso incautados, no se están destinando con mayor eficacia a la reparación de las víctimas, en medio de un Fondo Nacional de Reparación que avanza con lentitud frente a la magnitud de las necesidades.
Una revelación reciente ha vuelto a encender la indignación en el Caribe colombiano. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los hombres de confianza de Enilse López Romero, alias ‘La Gata’, confesó el intrincado sistema de lavado de activos que canalizaba dineros del narcotráfico desde la región del Catatumbo hasta las casas de apuestas de Montería y Barranquilla, controladas por la red de la empresaria y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La confesión describe la ruta de recolección y entrega del efectivo ilícito, mismo que alimentó un imperio económico construido sobre el desplazamiento y la sangre de miles. Mientras estos mecanismos de blanqueo se ventilan en los estrados judiciales, surge una pregunta inevitable: ¿por qué estos recursos, que existieron y fueron rastreados, no están financiando hoy las cartas de reparación pendientes?
La investigación de El Popular establece un puente directo entre esas confesiones, los bienes suntuosos incautados y la realidad de un Fondo Nacional de Reparación que, a pesar de las necesidades abrumadoras, parece moverse a un ritmo incompatible con la urgencia de sus destinatarios.
La ruta del dinero: del Catatumbo a las casas de apuestas
De acuerdo con las declaraciones recogidas por la justicia transicional, el esquema era tan sencillo como brutal. Los recursos generados por el narcotráfico en el Catatumbo —zona bajo control de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— eran transportados hasta Montería. Allí, una red de recolectores los recibía y los entregaba a los propietarios de casas de apuestas vinculados a Mancuso y a ‘La Gata’. El dinero, sucio de cocaína y violencia, se integraba al torrente financiero legal mediante la fachada del juego y la suerte. La mano derecha de López ha detallado con precisión este circuito, salpicando a la estructura empresarial que aún hoy es objeto de litigio.
La bodega de la gata y las joyas del ‘Gatico’
Las palabras encuentran eco en los inventarios judiciales. En diciembre de 2024, la Policía incautó en Barranquilla un alijo de aproximadamente 1.200 joyas, avaluadas preliminarmente en cuantías millonarias, que presuntamente pertenecerían a Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias ‘Gatico’, hijo de Enilse López. Estos bienes, junto con la denominada “bodega de la gata” —un inmueble que, según investigaciones recientes, también fue señalado como posible centro de tortura paramilitar—, constituyen un acervo tangible. No obstante, al parecer, estos activos aún no han sido liquidados ni han ingresado de manera efectiva al Fondo de Reparación. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Fiscalía mantienen procesos de extinción de dominio, pero la vocación reparadora de estos bienes, por ahora, es solo una promesa de papel.
El mecanismo insuficiente: radiografía del Fondo de Reparación
El Fondo Nacional de Reparación a Víctimas es el instrumento financiero creado por la Ley 1448 de 2011 para centralizar los recursos destinados a la reparación integral del universo masivo de víctimas del conflicto. Sin embargo, su operación está marcada por la paradoja de la escasez en medio de activos incautados multimillonarios.
Las cifras son elocuentes. La Unidad para las Víctimas reporta un universo de casi 10 millones de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). De ellas, más de 8 millones han sido afectadas por el desplazamiento forzado . Aunque durante el actual gobierno se han ordenado más de 496.000 indemnizaciones por un valor de $4,25 billones de pesos, el total histórico indemnizado asciende a $13,3 billones para más de 1,8 millones de giros individuales . La magnitud del rezago es abrumadora: millones de víctimas, muchas en la región Caribe —la más afectada del país—, aún no han recibido ni siquiera la carnetización completa que acredita su estatus y que es el primer paso para acceder a la ruta de reparación integral.
Presupuestos no ejecutados, sistemas de priorización que se traducen en filas eternas y un banco de tierras y bienes que no se moviliza a la velocidad necesaria pintan un cuadro de revictimización sistemática. La desconexión entre la política de reparación y la realidad operativa del Fondo es la verdadera condena para quienes ya lo perdieron todo.
La urgencia del Caribe: activos con nombre propio y destino pendiente
En la región Atlántico, el clamor tiene una lógica aplastante. Si se comprueba judicialmente que las casas de apuestas, el efectivo, las joyas y los inmuebles fueron adquiridos con ganancias ilícitas del paramilitarismo, su finalidad no puede ser otra que la reparación. La necesidad es inmediata y tiene rostro: el de miles de víctimas del Bloque Norte de las AUC, cuyas tierras fueron arrebatadas en Urabá, Córdoba y la propia Barranquilla. La liquidación de estos bienes no es un capricho; es un acto de justicia material para financiar las cartas de reparación.
Cuentas pendientes ante la justicia transicional
En este laberinto, surgen interrogantes legales inevitables: ¿Conocía ‘Gatico’, en su reciente rol como gestor de paz, los detalles concretos de este esquema de lavado de activos? ¿Omitió Salvatore Mancuso estos hechos económicos en su versión ante la JEP? La completitud de la confesión es un requisito fundamental para quienes buscan los beneficios de la justicia transicional. Si la verdad plena sobre los bienes no aflora, los cimientos de la reparación integral se construyen sobre arena. La Procuraduría ya había advertido, en el caso de ‘La Gata’, que su oferta de reparación carecía de vocación real al recaer sobre bienes en proceso de extinción de dominio, en un trámite que parecía no tener fin .
Esta historia de despojo fallido en su reparación tiene un correlato administrativo demoledor. Recientemente, en una reunión entre la Fiscalía General y la Unidad para las Víctimas, se evidenció que la declaración de bienes del propio Mancuso estaría incompleta, con más de 100 propiedades perdidas o no entregadas efectivamente . La constante es la promesa incumplida, el activo que se desvanece en el trámite, mientras la expectativa de las víctimas se estrella contra una institucionalidad que parece diseñada para la dilación.
Testimonios: La espera que desgarra
En los pasillos de las personerías del Caribe, la desesperanza se masca.
“A mí me indemnizaron una parte hace más de diez años, pero lo de mi madre y mis hijos, que también se tuvieron que ir por la violencia, nada. Yo ya estoy vieja y ellos llevan media vida esperando. Esos lujos que les decomisaron a ‘La Gata’ debían ser para que uno por fin viva tranquilo, pero ahí los tienen guardados. ¿Cuándo?”, relató una lideresa desplazada del sur de Bolívar en entrevista con este diario.
“Uno va a la Unidad y la respuesta siempre es que el caso está en estudio, que los recursos no alcanzan. Pero uno ve en noticias los decomisos, las camionetas, las joyas. A nosotros nos están matando otra vez, pero ahora con la espera. Es como si nuestra vida valiera menos que el papeleo”, manifestó un campesino víctima de despojo en Urabá.
La realidad de las víctimas contradice el lenguaje técnico de los comunicados oficiales. La liquidación de los bienes mencionados —las joyas de ‘Gatico’, los inmuebles de la red— representa la única posibilidad tangible de traducir el castigo a los perpetradores en un respiro para los afectados.
Un sistema que perpetúa la injusticia
El camino es una secuencia de fracasos encadenados: un esquema criminal de lavado de activos que fue confesado y probado, bienes que son rastreados e incautados, y un Fondo de Reparación que no logra transformar ese patrimonio ilícito en alivio para las víctimas del mismo grupo armado que generó la riqueza. La revictimización no es un efecto secundario, sino la característica principal de un sistema donde la burocracia, la falta de coordinación institucional y la aparente indolencia triunfan sobre el mandato constitucional de reparar.
¿Cuánto tiempo más verán las víctimas del Caribe cómo los zafiros y las escrituras permanecen en depósitos judiciales mientras se extinguen sus vidas en la espera?
Víctimas
Más de 600 familias beneficiadas: DPS confirma resultados positivos del Convenio 921-FIP-2024 en el Chocó
Más de 600 familias fueron beneficiadas con el Convenio 921-FIP-2024, ejecutado con acompañamiento y supervisión del DPS, incluso en territorios de alta complejidad.
Tras una suspensión preventiva en julio, el proceso se recompuso, avanzó con normalidad y hoy se encuentra en su etapa final, a la espera de informes para su cierre definitivo.
La supervisión institucional, la articulación comunitaria y el seguimiento permanente permitieron llevar a buen término el convenio, incluso tras una suspensión preventiva en julio.
El desarrollo del Convenio 921-FIP-2024 se consolida como una experiencia positiva y significativa de articulación institucional, trabajo comunitario y compromiso social en territorios históricamente afectados por múltiples dificultades estructurales. Su ejecución demuestra que, aun en contextos complejos, es posible alcanzar resultados concretos cuando confluyen la voluntad, la solidaridad y el respeto por las comunidades.
De acuerdo con la información oficial y los soportes documentales del proceso, el convenio se ejecutó bajo parámetros de legalidad, transparencia y estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que lideró y supervisó el desarrollo del mismo
Uno de los aspectos más destacados del convenio fue la capacidad de gestión y articulación del operador, así como la disposición solidaria de proveedores y contratistas, quienes comprendieron la importancia social del proyecto y aunaron esfuerzos para llevarlo a buen término. Así lo expresó el supervisor del DPS en comunicación telefónica sostenida con El Popular, al resaltar que este contrato se convirtió en una experiencia “importante y bonita”, marcada por la colaboración y el compromiso colectivo.
La ejecución del Convenio 921-FIP-2024 no estuvo exenta de retos. La geografía del territorio, las condiciones de acceso, la dispersión de las comunidades y las dinámicas propias de zonas con alta complejidad social representaron desafíos permanentes. Sin embargo, estos obstáculos fueron superados de manera responsable y positiva, priorizando siempre el bienestar de las comunidades beneficiarias.
Gracias a este esfuerzo conjunto, más de 600 familias de los territorios priorizados lograron acceder a los beneficios contemplados en el convenio, impactando de manera directa su calidad de vida y fortaleciendo los procesos comunitarios desde un enfoque diferencial y de respeto por la autonomía de los pueblos.
Cabe resaltar que, conforme a la documentación oficial, el proceso se desarrolló sin observaciones ni hallazgos por parte de los organismos de control, y no registra investigaciones ni cuestionamientos administrativos, lo que ratifica la correcta ejecución del convenio y la idoneidad de los actores involucrados
Suspensión temporal y recomposición del proceso
Como parte de los mecanismos de control y vigilancia, el convenio tuvo una suspensión temporal en julio de 2025, decisión adoptada de manera preventiva y debatida en los comités técnicos correspondientes. Tras la revisión técnica y jurídica, y con acompañamiento institucional, no se evidenciaron irregularidades, por lo cual las actividades fueron reanudadas, permitiendo la continuidad normal del proyecto.
Incluso, una visita administrativa de la Personería Municipal de Bagadó concluyó que el operador dio cumplimiento a los requerimientos efectuados, sin que se evidenciaran irregularidades en los aspectos verificados, fortaleciendo así la confianza en la ejecución del convenio.
Pronunciamiento oficial de la Personería Municipal de Bagadó
Personería Municipal de Bagadó y Departamento de Prosperidad Social – Foto: Redes Asorewa.
En el marco de este seguimiento institucional, y tras la suspensión temporal del convenio en julio de 2025 como medida preventiva, se realizó una visita administrativa al territorio con acompañamiento de los entes de control. Como resultado de esta verificación, la Personería Municipal de Bagadó emitió un pronunciamiento oficial en el que concluye que, luego de revisar los aspectos correspondientes, no se evidenciaron irregularidades en la ejecución del Convenio 921-FIP-2024, lo que permitió la reanudación de las actividades y la continuidad normal del proceso bajo supervisión del DPS.
“La Personería Municipal de Bagadó concluye que, conforme a lo evidenciado en la presente visita administrativa, la Asociación ASOREWA ha dado cumplimiento a los requerimientos efectuados (…), sin que se evidencien irregularidades a la fecha de la visita en el aspecto verificado.”
Personería Municipal de Bagadó
Acta de visita administrativa – Convenio 921-FIP-2024
Ampliación del plazo y etapa final
En la más reciente comunicación sostenida entre El Popular y el supervisor del DPS, se informó que el convenio cuenta con una ampliación del plazo hasta el 27 de febrero, a la espera de la entrega y revisión de los informes finales, requisito necesario para el feliz término del proceso y la autorización del último pago correspondiente.
Este cierre administrativo hace parte del procedimiento regular de supervisión y garantiza que los recursos públicos se desembolsen únicamente una vez se verifique el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.
Seguimiento periodístico permanente
Desde el inicio del convenio, El Popular ha realizado un monitoreo constante y riguroso del proceso, recibiendo comunicaciones oficiales y respuestas formales tanto del operador como de Prosperidad Social, en ejercicio del derecho ciudadano a la información y del control social que corresponde a los medios de comunicación.
En ese mismo sentido, El Popular continuará atento a la finalización y cierre de este convenio, cuyo alcance impacta de manera directa la vida y la dignidad de comunidades de la Colombia profunda. El medio hará seguimiento especial a la revisión de los informes finales, al cumplimiento de los compromisos establecidos y a la verificación de su impacto real en el territorio, mediante la recolección de testimonios de las comunidades beneficiarias que permitan dimensionar cómo este proceso incidió en su calidad de vida, con la expectativa de que este tipo de iniciativas tengan continuidad en el marco del próximo gobierno.
La información oficial recibida ratifica que la selección del operador se realizó bajo la modalidad de contratación con enfoque diferencial, amparada en criterios objetivos de idoneidad y capacidad territorial. Asimismo, se confirma que la totalidad del expediente contractual se encuentra publicado y disponible en la plataforma SECOP II, garantizando la transparencia del proceso y el acceso público a la información.
Un balance favorable
El Convenio 921-FIP-2024 deja un balance favorable no solo por el número de familias beneficiadas, sino por demostrar que, aun en contextos complejos, la articulación entre el Estado, las organizaciones comunitarias y los actores locales puede traducirse en resultados positivos, verificables y socialmente transformadores.
Nacional
Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas en Barranquilla: solidaridad, resiliencia y unidad, un reclamo claro al Estado
El primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas realizado en Barranquilla reunió delegaciones locales, nacionales e internacionales en un espacio marcado por la solidaridad, la resiliencia y la unidad; bajo el liderazgo de David García, el evento incluyó la intervención del líder y conferencista Misael Rada, quien señaló las debilidades de las leyes que acogen a las víctimas, además de conversatorios participativos donde se aclararon dudas sobre vivienda, asilo y refugio; la jornada dejó un mensaje contundente al gobierno de Gustavo Petro: reducir la burocracia, priorizar la reparación integral y la salud mental, y garantizar que en todo proceso de paz las víctimas sean el verdadero centro.
Bajo un ambiente de participación y reclamo colectivo se desarrolló el primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas, organizado por la Mesa de Víctimas de Barranquilla, liderada por David García. La jornada reunió delegaciones locales, nacionales e internacionales con un mensaje que se repitió a lo largo del día: solidaridad, resiliencia y unidad.
El acto dio inicio con la presentación de las delegaciones que respondieron al llamado de la Mesa de Víctimas de Barranquilla. Posteriormente, el conferencista y líder Misael Rada ofreció una intervención contundente sobre las debilidades que afrontan las normas y mecanismos que deberían proteger a las víctimas, haciendo énfasis en los vacíos administrativos y jurídicos que dificultan una reparación real.
Un conversatorio participativo y con voz plural
El conversatorio central fue altamente participativo: asistentes, representantes de organizaciones y voceros de mesas de víctimas expusieron experiencias, dudas y propuestas. El ambiente del evento se percibió como profundamente solidario; muchas de las intervenciones giraron en torno a cómo transformar el dolor en memoria activa y cómo fortalecer redes de acompañamiento comunitario.
Invitados internacionales explicaron con detalle los procesos de asilo y refugio aplicables a víctimas que requieren protección fuera del país, y en el panel técnico se despejaron dudas concretas sobre mecanismos de acceso a vivienda, trámites para ayudas y rutas institucionales disponibles. La información práctica que se compartió buscó disminuir la confusión que a menudo acompaña los procesos administrativos y judiciales.
Mensaje al gobierno: apoyo, expectativa y decepción
Una de las líneas más repetidas durante la jornada fue el señalamiento hacia el gobierno nacional: las mesas, aunque apoyaron inicialmente las expectativas sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, dejaron constancia de su inquietud por la falta de respaldo efectivo en los programas de reparación y protección integral de víctimas. El reclamo central es claro: reducir la burocracia, acelerar los procesos de reparación integral y priorizar la salud mental de las víctimas como un eje indispensable de las políticas públicas.
Memoria y paz con las víctimas en el centro de todo
Los organizadores y participantes insistieron en que cualquier proceso de paz debe tener a las víctimas como su eje y referencia. Así lo recordaron al rememorar el compromiso plasmado en actos públicos como los realizados en el Teatro Colón de Bogotá, donde se han llevado a cabo encuentros y firmas vinculadas al posconflicto y a la reclamación de verdad y justicia. Para muchos asistentes, la exigencia es que los acuerdos de paz no queden en el papel y que su implementación priorice la reparación material, simbólica y el acompañamiento psicosocial.
Solidaridad, resiliencia y unidad: más que consignas
Esos tres términos —solidaridad, resiliencia y unidad— no solo fueron consignas del encuentro, sino la descripción del tono que recorrió la sala: relatos de sobrevivientes, propuestas de acciones concretas y compromisos de trabajo conjunto entre mesas locales e internacionales. Los asistentes coincidieron en que, pese a las fallas institucionales, la red ciudadana y el tejido organizativo siguen siendo el sostén para la exigencia de derechos.
Conclusión: urgencia de respuestas y rutas claras
El primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas celebrado en Barranquilla dejó en evidencia algo elemental: existe una voz organizada que demanda respuestas claras y acciones concretas. Las peticiones son nitidas —menos trámites inútiles, más acceso efectivo a vivienda y salud mental, y la centralidad de las víctimas en cualquier agenda de paz— y fueron formuladas frente a las autoridades y la opinión pública para que no queden en el olvido.
La Mesa de Víctimas de Barranquilla, bajo la conducción de David García, se proyecta desde este encuentro como un actor dispuesto a incidir en políticas públicas y a exigir cumplimiento real de los compromisos. El reto ahora es convertir ese clamor colectivo en medidas visibles y sostenibles que reconozcan la dignidad de las víctimas y garanticen su reparación integral.
Noticias
Nancy Peña: la voz de las víctimas en el exterior se alzó en el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas
Nancy Peña, representante de las víctimas del conflicto armado en Canadá, llevó la voz de la diáspora al Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas en Barranquilla. Desde su experiencia de desplazamiento forzado, hizo un llamado a reconocer a quienes sufren la violencia fuera del país y a fortalecer los procesos de reparación integral.
En el marco del Primer Encuentro Nacional e Internacional de Mesas de Víctimas, la participación de Nancy Peña, representante de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado en Canadá, se convirtió en un hito para visibilizar la voz de la diáspora colombiana que, a pesar de la distancia, sigue reclamando verdad, justicia y reparación.
Durante la entrevista concedida a Noticias La Voz Realities, Peña narró el doloroso camino que la llevó al exilio junto a su familia, así como los retos de adaptación en un país extranjero. “El idioma, la distancia de nuestras familias y la burocracia son obstáculos que enfrentamos a diario”, aseguró, sin dejar de resaltar que la organización que lidera ha logrado avances importantes, como la inclusión de la salud mental en las políticas de atención a víctimas.
Un testimonio que cruza fronteras
Periodista de profesión, Nancy narró durante la entrevista su experiencia de desplazamiento forzado, luego de tener que abandonar Colombia junto a su familia. Relató los retos que enfrentó en Canadá: el idioma, la distancia de sus seres queridos y la carga burocrática que acompaña la vida de los migrantes víctimas del conflicto.
No obstante, también resaltó los logros alcanzados por su organización, entre ellos la inclusión de la salud mental como parte esencial de la atención a las víctimas, un tema que considera crucial para avanzar en los procesos de sanación individual y colectiva.
Propuestas y llamados al Estado
Peña hizo un llamado a fortalecer la comunicación entre las víctimas en el exterior y entidades como la UARIP y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a garantizar compensaciones justas y oportunas.
Asimismo, cuestionó la falta de recursos suficientes para cubrir las reparaciones, señalando que ha sido una deuda histórica de varios gobiernos. Sin embargo, reconoció los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por priorizar a las poblaciones más vulnerables.
Resiliencia y organización
El mensaje final de Nancy Peña estuvo cargado de empatía y fortaleza: instó a las víctimas a unirse, organizarse y mantener la resiliencia como herramienta para superar la adversidad.
“Las víctimas en el exterior también somos parte de la historia de este país, y necesitamos ser escuchadas”, enfatizó.
Con su participación, Nancy reafirma la importancia de que la diáspora colombiana sea incluida en los procesos de reparación y en la construcción de una paz que trascienda fronteras.
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