En Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, o más bien la ventana del mundo, siempre se ha enorgullecido de su espíritu abierto, alegre y hospitalario. La ciudad ha recibido a inmigrantes, empresarios, turistas y soñadores con el mismo calor que emana del asfalto y del alma costeña.
Pero esa calidez parece enfriarse cuando los que llegan no vienen en cruceros ni con itinerarios turísticos, sino huyendo del conflicto armado. Son hombres y mujeres desplazados, con sus hijos al hombro y la memoria cargada de ausencias, que llegan a esta tierra buscando empezar de nuevo.

Sin embargo, esa nueva vida, que debería encontrar cobijo en la institucionalidad, suele enredarse en papeles, sellos y promesas. Las puertas de las oficinas se abren con discursos y se cierran con excusas.

Esta crónica, sin embargo, no se centra solo en las víctimas que huyen de la guerra, sino en las otras víctimas: aquellas que, con esfuerzo, humanidad y sentido social, le prestan al Estado un servicio que el Estado mismo no cumple a tiempo. Son los hoteles Colonial Inn y Granada, piezas clave del Programa de Ayuda Humanitaria Inmediata a las Víctimas del Conflicto Armado, adscrito a la Secretaría de Gestión Social del Distrito de Barranquilla.

Todo ocurre bajo la administración de Alejandro Char Chaljub, quien, según la encuesta Guarumo-Ecoanalítica, fue elegido por los ciudadanos como el mejor alcalde de Colombia en 2025, con un respaldo del 85,4 %.
Pero detrás de los titulares de éxito y los videos institucionales de sonrisas y aplausos, se esconde una historia que contradice el discurso. Una historia donde la burocracia se convierte en una capa que oculta la realidad de quienes hicieron posible esos logros: los prestadores que no fueron pagados.

El origen del reclamo

Entre febrero y mayo de 2024, los hoteles Colonial Inn y Granada alojaron a dieciocho víctimas del conflicto armado, remitidas directamente por funcionarios del Distrito para recibir asistencia humanitaria inmediata.
El servicio incluía alojamiento, alimentación, lavandería y kits de aseo, y fue prestado sin interrupciones ni quejas. Las habitaciones se llenaron de familias que llegaban con miedo y partían con un poco de esperanza.

Los administradores presentaron sus cuentas de cobro, debidamente soportadas, por un valor total de $73.625.000 pesos. La deuda parecía cuestión de días. Las comunicaciones con el supervisor del contrato, Camilo de Castro Chapman, fluían con naturalidad. “La próxima semana sale”, decía él, y los hoteles seguían confiando, convencidos de que la palabra de un funcionario era suficiente.

Pero las semanas se volvieron meses, y las promesas se convirtieron en una letanía repetida con distintas excusas: “el operador no ha recibido los recursos”, “estamos cerrando la vigencia fiscal”, “el secretario ya tiene todo”, “esto es cuestión de trámite”.
Cada mensaje, cada cita incumplida, era una nueva estocada al corazón financiero de los hoteles.

El derecho de petición: cuando la paciencia se agota

Cansados de esperar, ambos hoteles, decidieron formalizar su reclamo. El Derecho de Petición —amparado en el artículo 23 de la Constitución Política y el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo— fue dirigido al Alcalde Distrital Alejandro Char Chaljub, con copia a la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría.

El documento, de tono respetuoso y técnico, resumía tres años de trabajo conjunto con el Distrito. En él, el hotel alegaba que los servicios fueron prestados a población remitida oficialmente por la Alcaldía, bajo conocimiento y coordinación de la Secretaría de Gestión Social.
Aportó pruebas: listas de beneficiarios, comprobantes de ingreso, cuentas de cobro, y los chats de WhatsApp donde el propio Camilo de Castro reconocía reiteradamente la deuda y aseguraba que el pago estaba en trámite.

“Nosotros hicimos el trabajo que el Estado debía hacer: atender a las víctimas. No pedimos favores, pedimos justicia”, relató un empleado.

La respuesta oficial

El 11 de agosto de 2025, mediante el radicado QUILLA-2025-0179732, la Secretaría Distrital de Gestión Social emitió su respuesta. El documento, firmado digitalmente por el secretario Ismael Enrique Marín Daza, negaba el pago.

“Revisadas las bases de datos de los contratos celebrados por el Distrito se evidencia que no existe contrato suscrito con los Hoteles Colonial y Granada para la operación del Programa de Atención Integral a Víctimas… En consecuencia, el Distrito carece de habilitación legal para pagar las sumas reclamadas.”

Con esas líneas, el Distrito se amparaba en el principio de relatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y trasladaba toda la responsabilidad al operador.
Según la carta, cualquier obligación debía exigirse al contratista privado encargado del programa, no a la administración pública.

Pero el operador anterior nunca formalizó un contrato con el hotel, y el nuevo operador aseguró no tener conocimiento de la deuda.
En esa maraña de responsabilidades cruzadas, los hoteles quedaron en el limbo: sin contrato, sin pago y sin respuesta clara.

El trasfondo jurídico

El caso pone en evidencia una falla estructural en la gestión contractual pública.
De acuerdo con la Ley 80 de 1993, todo contrato estatal debe ser escrito y perfeccionado antes de ejecutarse. Sin embargo, la Ley 1437 de 2011 (artículo 140) y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que, cuando una entidad se beneficia de un servicio y se niega a pagar, puede configurarse un enriquecimiento sin causa o un daño antijurídico que da lugar a indemnización.

La doctrina es clara: si el Estado obtiene un beneficio económico o social —como alojar víctimas remitidas oficialmente— y no compensa al proveedor, incurre en responsabilidad extracontractual del Estado (artículo 90 de la Constitución).

En otras palabras: no puede haber gestión social con facturas impagas.

El silencio cómplice de la burocracia

Si algo deja claro este caso es que la omisión también es una forma de violencia.
Porque no pagar un servicio debidamente prestado —y más aún cuando ese servicio fue brindar techo y dignidad a las víctimas del conflicto armado— no es un simple “retraso administrativo”; es una falla moral, ética y funcional del Estado.

Los funcionarios que dilatan, que prometen sin cumplir y que esconden la cabeza detrás de un correo electrónico o una cadena de excusas, no solo violan los principios de eficiencia y buena fe administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, sino que además traicionan la confianza de los ciudadanos que sostienen, con su esfuerzo, los programas sociales que ellos exhiben como logros en los medios.

En la Alcaldía de Barranquilla, los supervisores de contrato y responsables de la Secretaría de Gestión Social, lejos de honrar el compromiso adquirido con los prestadores del servicio, se convirtieron en toreadores profesionales de la obligación pública: moviendo la capa del “ya casi”, del “el operador no ha recibido los recursos”, del “la otra semana sí sale”.
Mientras tanto, los hoteles —que abrieron sus puertas por humanidad y por confianza institucional— ven cómo su paciencia se desangra junto con su contabilidad.

Pero lo más grave no es solo la falta de pago: es el silencio de los entes de control.
La Personería Distrital, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo fueron notificadas del caso mediante copia del Derecho de Petición. Sabían, por escrito, que existía una posible omisión administrativa, un perjuicio económico, una vulneración de derechos.
Y, sin embargo, no hicieron nada.
No abrieron una investigación preliminar, no emitieron pronunciamiento, ni siquiera enviaron una comunicación formal al peticionario.
Ese silencio, según la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), puede constituir una falta grave por omisión del deber funcional. Pero más allá de la letra fría de la ley, es una forma de complicidad estatal: cuando quienes deben vigilar se cruzan de brazos, se convierten en parte del daño.

La omisión también construye impunidad.
Cuando el Estado deja sin respuesta a los ciudadanos que le sirven, legitima la injusticia y normaliza el abuso de poder.
Los funcionarios que se niegan a asumir responsabilidad, o que se escudan en tecnicismos contractuales, olvidan que detrás de cada factura hay una historia humana. Que los hoteles no cobraban un favor, sino el cumplimiento de un deber del Estado. Que las víctimas que ellos hospedaron son las mismas que los informes de gestión muestran como “atendidas” para justificar presupuestos y estadísticas.

El país se ha acostumbrado a la idea de que las entidades públicas pueden fallar sin consecuencias.
Pero los artículos 26 y 27 de la Ley 1952 de 2019 son claros: retardar, omitir o negar injustificadamente una respuesta constituye falta disciplinaria. Y cuando ese acto se traduce en perjuicio económico o daño moral a terceros, se convierte en una forma de corrupción silenciosa.

Los funcionarios que se esconden detrás del anonimato del cargo olvidan que el poder público no es una trinchera, sino un mandato temporal para servir.
Y cuando no cumplen ese mandato, cuando omiten deliberadamente actuar, se alinean con los intereses de quienes prefieren la opacidad a la transparencia.
Eso —en términos éticos y sociales— es complicidad institucional: un entramado de indiferencia que hiere tanto como la corrupción directa.

El drama de los hoteles Colonial Inn y Granada revela una verdad incómoda: la gestión social del Distrito se sostiene sobre la buena fe de ciudadanos que confían más en la palabra que en los contratos. Y cuando esa palabra se incumple, no solo se destruye una relación comercial; se fractura la confianza entre el Estado y la sociedad.

Cada promesa incumplida, cada mensaje ignorado, cada entidad que calla cuando debería actuar, construye una cadena de negligencia que termina revictimizando a los mismos que un día ayudaron a las víctimas.
Porque aquí, los verdaderos aliados del Estado —los que prestaron techo, comida y humanidad— han sido dejados al borde de la ruina por la inercia de una burocracia que parece incapaz de reconocer su propia deuda moral.

Y así, mientras el alcalde encabeza encuestas y la administración celebra su eficiencia en redes sociales, en los hoteles que un día fueron refugio solo quedan las luces apagadas y las facturas pegadas en la pared.
Allí, donde antes se hablaba de esperanza, hoy se repite una sola pregunta:
¿Quién le pasa la cuenta al Estado cuando el Estado es quien debe pagar?

Detrás del expediente, una historia humana

Más de ochenta familias desplazadas pasaron por los hoteles Colonial Inn y Granada.
Allí encontraron no solo una cama y comida caliente, sino atención y respeto.
“Nos trataron como personas, no como números”, cuenta una mujer que llegó con sus hijos desde el sur de Bolívar.
Ese trato digno, ofrecido con recursos propios, hoy se ve traicionado por una administración que se promociona como ejemplo de gestión social, mientras deja a sus aliados en la incertidumbre.

Epílogo

El caso sigue abierto.
El hotel planea interponer una acción de reparación directa contra el Distrito, con base en las pruebas aportadas y los chats que demuestran la aceptación tácita del servicio.
Mientras tanto, en la fachada del Hotel Colonial, un cartel amarillento anuncia “Bienvenidos”. Debajo, plastificado, cuelga el derecho de petición: prueba de que en Colombia, a veces, la buena fe también se radica con número de entrada.

Barranquilla sigue brillando en las encuestas. Pero detrás de sus cifras de éxito, esta historia recuerda que la grandeza de una administración no se mide en popularidad, sino en cómo cumple sus compromisos con los más pequeños.
Porque cuando un Estado olvida pagar a quienes lo ayudan a atender a las víctimas, termina convirtiendo a sus aliados en nuevas víctimas de su propia burocracia.